Por todo ello le condena a los casi 700 años de prisión, además de prohibirle acercarse a los menores y mantenerlo en libertad vigilada después de salir de prisión durante decenas de años. También le inhabilita para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.