El sábado pasado, los Comuns organizaron en Aiguamúrcia una jornada bajo el título “Equidad, Ecologismo y Municipalismo”, que reunió a representantes municipales, activistas y dirigentes políticos para debatir sobre la justicia territorial. El objetivo principal fue poner en evidencia que los derechos, servicios públicos y oportunidades no pueden variar según el municipio o el código postal donde resida la ciudadanía.
Cohesión territorial como eje central
Los participantes compartieron experiencias y retos, coincidiendo en que la cohesión territorial es un asunto fundamental de justicia social y democrática. En este contexto, intervinieron figuras como Isabel Santiago Andreu, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aiguamúrcia; Eva Amposta, coordinadora de Movem Terres de l'Ebre; Miquel Farrés, médico de familia en zonas rurales; Enric Tello, del Consejo Científico para la Agroecología de la Comisión Europea; así como David Cid, portavoz de los Comuns en el Parlament.
Eva Amposta remarcó: "la necesidad de abordar los retos territoriales desde una mirada compartida entre el mundo rural y urbano", destacando que muchas dificultades de los municipios pequeños responden a desigualdades estructurales más amplias. También subrayó las complicaciones diarias a menudo olvidadas en los grandes debates políticos: "las cargas administrativas, el acceso limitado a los servicios o el hecho de que vivir en un pueblo pequeño implica dedicar más tiempo para acceder a derechos básicos".
Además, Amposta alertó del peligro de que las dinámicas urbanas condicionen negativamente el futuro de los pueblos pequeños. Por ello abogó por medidas que aseguren que estos espacios mantengan vida propia con oportunidades reales: "Hay que garantizar servicios y calidad de vida para los habitantes de los municipios pequeños".
Proposición de ley del derecho a la equidad territorial
En este marco, David Cid presentó la Proposición de Ley del Derecho a la Equidad Territorial, registrada recientemente en el Parlament. Esta iniciativa establece un marco general donde se considera la equidad territorial un derecho esencial y un principio transversal en todas las políticas públicas catalanas. El portavoz de los Comuns expuso: "La igualdad de oportunidades no puede acabar allí donde acaba una gran ciudad. Una persona no puede tener menos derechos... simplemente porque vive en un pueblo pequeño. No debe haber catalanes de primera y de segunda según su código postal".
Esta proposición incluye medidas como:
- La obligación de evaluar el impacto territorial antes de aprobar leyes o planes públicos.
- Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales sin importar la residencia.
- Crear herramientas específicas para corregir desequilibrios territoriales y dar apoyo a los municipios con déficits estructurales o riesgo de despoblación.
Asimismo, complementa instrumentos vigentes como el Estatuto de los Municipios Rurales, introduciendo una perspectiva transversal para que sectores como vivienda, sanidad, transporte o energía incorporen este principio de equidad.
Derechos reconocidos del mundo rural
Durante el encuentro se intercambiaron experiencias relacionadas con la defensa de los servicios públicos, vivienda accesible, movilidad sostenible o dinamización económica en los entornos rurales. Una conclusión destacada es que a menudo los vecinos de los pueblos tienen que hacer frente a mayores costes temporales y materiales para acceder a derechos básicos garantizados formalmente en igualdad.
A partir de aquí se reivindica dejar atrás una mirada asistencialista o folclórica hacia el mundo rural —que ignora su importancia estratégica— para empezar a reconocer plenamente sus derechos.
Isabel Santiago Andreu afirmó: "Los municipios rurales son espacios vivos con capacidad innovadora y potencial para el desarrollo sostenible". Recordó desafíos concretos como el despoblamiento o envejecimiento demográfico, pero también defendió firmemente que "el futuro del país se construye también desde los pequeños pueblos".
La estrategia territorial de los Comuns
El espacio político está inmerso en diseñar una estrategia específica dirigida a los municipios menores de 10.000 habitantes así como desplegar un plan de extensión territorial con horizonte más lejano al próximo ciclo electoral. Actualmente, cuentan con 75 concejales distribuidos por toda Cataluña —incluyendo alcaldías clave como Aiguamúrcia, Bot, Corbera d’Ebre o Sant Iscle de Vallalta— después de haber presentado candidaturas en unos cincuenta pueblos durante las elecciones locales de 2023.
Este proyecto busca consolidarse como una fuerza política profundamente arraigada socialmente en el conjunto del territorio catalán en los próximos años.
