Una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha desmantelado una organización acusada de explotar sexualmente a mujeres en prostíbulos de diferentes puntos del Estado, entre los que había establecimientos en Barcelona y Tarragona. La investigación se ha saldado con 16 detenidos, cinco de los cuales en Cataluña, y con la liberación de 26 víctimas.
Las detenciones practicadas en el territorio catalán se han repartido entre Barcelona, con dos personas arrestadas; Tarragona, también con dos, y Figueres, con una. La principal responsable de la organización ha ingresado en prisión.
Según la investigación, la red gestionaba al menos once prostíbulos en Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza. Las mujeres, principalmente de origen chino y latinoamericano, eran trasladadas constantemente de un local a otro para dificultar su arraigo y mantener su control.
Captadas con falsas ofertas de trabajo
Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería chinas. La organización les ofrecía trabajos en España como masajistas o estilistas, aprovechándose de su situación económica y, en algunos casos, de su irregularidad administrativa.
Cuando llegaban al país, sin embargo, eran obligadas a ejercer la prostitución. Según la policía, debían estar disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana, sin descanso y sin posibilidad de rechazar clientes.
La red también las obligaba a hacer servicios a domicilio y, en algunos casos, a mantener relaciones sin protección. Los prostíbulos disponían de cámaras de vigilancia que permitían controlar de manera permanente los movimientos de las mujeres.
Debían entregar todo el dinero
Las ganancias obtenidas por las víctimas iban íntegramente a la organización. Solo después de considerar saldada la deuda inicial, la red les entregaba la mitad de los beneficios restantes.
Para facilitar su entrada y permanencia en España, los explotadores también les proporcionaban documentación falsa. En caso de inspección, algunas mujeres recibían tarjetas de residencia y trabajo pertenecientes a terceras personas para suplantar su identidad.
La investigación también ha revelado que la organización no se limitaba a gestionar locales ya existentes. En algunos casos, alquilaba pisos o establecimientos, montaba prostíbulos clandestinos, consolidaba una red de clientes y, posteriormente, traspasaba el negocio a otros gestores a cambio de grandes sumas de dinero.
Once prostíbulos clausurados
El operativo ha permitido clausurar once prostíbulos e intervenir 35.000 euros en efectivo, armas prohibidas, drogas, potenciadores sexuales, 24 teléfonos móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación vinculada a la actividad de la red.
Paralelamente, los investigadores han detectado un sistema para ocultar y dispersar los beneficios obtenidos presuntamente de manera ilícita. En el marco de la investigación por blanqueo de capitales, la justicia ha ordenado embargar cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y ocho cuentas bancarias.