El Gobierno de la Generalitat licitará antes de acabar el mes de abril la construcción de 566 viviendas públicas en 31 municipios, a través de concursos específicos para solares de pequeñas dimensiones. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado este lunes los convenios con los ayuntamientos que permitirán licitar 42 terrenos con capacidad para 20 pisos o menos.
Según Illa, se trata mayoritariamente de municipios con pocos recursos técnicos, que han delegado en la Generalitat la gestión de los concursos. “Es un sistema enormemente flexible, adaptado a la realidad de los municipios”, ha destacado el presidente. También ha celebrado que a estos concursos se podrán presentar pequeñas empresas. Esta iniciativa forma parte del Plan 50.000, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda hasta 2030.
Los convenios establecidos fijan el marco jurídico para que la Generalitat convoque concursos individualizados para cada solar, adaptados a las características de cada municipio y proyecto. Esta fórmula se ha adoptado para los terrenos más pequeños, que no se pueden agrupar en grandes paquetes y requieren una gestión más específica para garantizar el desarrollo de los proyectos.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que el método es “una nueva línea de trabajo inédita” y ha celebrado la creación de espacios de “concertación y colaboración” con los ayuntamientos para agrandar el parque de vivienda pública catalana.
En representación de los municipios participantes, el alcalde de Planoles, David Verge, ha defendido que la construcción de vivienda es “clave” para retener a los jóvenes y recuperar el dinamismo económico y social de los pueblos que han perdido más del 40% de su población en 30 años. Asimismo, ha reclamado más apoyo de la Generalitat para hacer frente a las limitaciones de los ayuntamientos, especialmente en financiación y capacidad técnica.
Los acuerdos fijan que la Agencia de la Vivienda de Cataluña supervisará durante 75 años el cumplimiento de las condiciones por parte de los promotores. Una vez finalizado este período, las viviendas revertirán a los ayuntamientos. Los consistorios, por su parte, se comprometen a otorgar la licencia de obras en tres meses desde que reciban el proyecto constructivo y a facilitar los procesos administrativos.
En cuanto a la adjudicación de las viviendas, los ayuntamientos podrán optar por gestionar directamente la selección de los beneficiarios o delegarla en los promotores, siempre bajo criterios de transparencia y concurrencia. Los municipios también podrán establecer requisitos como el empadronamiento para priorizar el acceso a los pisos.
En paralelo, el Gobierno prevé licitar otros solares de titularidad pública, de manera que en esta primera fase se pondrán en el mercado un total de 63 terrenos con capacidad para construir hasta 823 viviendas.
Illa ha enmarcado esta iniciativa dentro de una política de vivienda “ambiciosa” y ha defendido que Cataluña lidera la construcción de vivienda protegida en el Estado. Según el presidente, en 2025 se levantaron 3.517 pisos protegidos y tres de cada diez en España se hicieron en Cataluña.
