Cataluña registró el año pasado 14,89 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, una tasa que la mantiene como la comunidad con más interrupciones voluntarias del embarazo de todo el Estado.
Es el séptimo año consecutivo que lidera un ranking estatal que sitúa en segundo lugar a las Islas Baleares (13,87), seguidas de la Comunidad de Madrid (13,56), Asturias (12,89) y la Región de Murcia (12,66). Las cifras más bajas corresponden a Ceuta y Melilla (4,65) y a Aragón (8,15).
Según ha detallado este miércoles el Ministerio de Sanidad, en 2024 se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, un 2,98% más que el año anterior.
El total de casos de 2024 supone un incremento del 2,98% respecto al año anterior, una tendencia al alza observada especialmente en Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana. Así, la tasa de IVE por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años aumentó hasta situarse en 12,36, frente al 12,22 registrado el ejercicio anterior. El informe del Ministerio también destaca un incremento más significativo de la tasa de incidencia en mujeres no residentes.
Por grupos de edad, se observó un aumento de la tasa de IVE en casi todos, excepto en los de 20 a 24 años y 25 a 29 años. El incremento más grande de la tasa de incidencia —número de IVE por cada 1.000 mujeres en cada franja— se registró en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil).
En el caso de las menores de 20 años también se detecta un cambio destacado: se contabilizaron 11.699 interrupciones en 2024, frente a las 10.934 de 2023, lo que supone 765 casos más (+6,99%).
La distribución porcentual por edad indica que el 10,68% de las IVE correspondieron al grupo de 15 a 19 años, el 23,27% al de 20 a 24 años, el 21,84% al de 25 a 29, el 19,83% al de 30 a 34, el 15,99% al de 35 a 39, y el 7,34% al de 40 a 44 años.
“El motivo principal de la interrupción fue la decisión voluntaria de la mujer, en el 94,62% de los casos. El 2,65% se realizaron por grave riesgo para la vida o la salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave”, expone el Ministerio.
En cuanto al momento de la gestación, el 76,58% de las intervenciones se hicieron antes de las ocho semanas. Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14% de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11%; y a partir de la semana 23, el 0,15%. En cuanto a la recurrencia, el 67,6% de las mujeres no habían tenido abortos voluntarios anteriores, frente al 66,99% en 2023.
Según los datos recogidos, el 7,71% de las mujeres vivía sola (con o sin hijos), el 28,92% convivían en pareja, el 7,04% residían con los padres u otros familiares, y el 1,31% con otras personas. En relación con la situación laboral, el 57,98% de las mujeres eran trabajadoras asalariadas, el 17,09% estaban en paro, otro 17,09% eran estudiantes, el 5,41% trabajaban por cuenta propia y el 0,34% eran pensionistas.
Otro dato que destaca el Ministerio es el peso de los centros privados en la realización de interrupciones del embarazo. Del total de 2024, el 81,91% se llevaron a cabo en centros privados o concertados, mientras que el 18,09% se hicieron en centros públicos. Sin embargo, el 72,73% de las mujeres fueron informadas en centros sanitarios públicos. En Cataluña, la situación es diferente: el 55,67% de los abortos se practicaron en centros públicos y el 44,32% en privados.
En cuanto al método empleado, el informe apunta que los métodos farmacológicos tuvieron un peso mayor en la red pública, con 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 registradas en los centros privados. Por el contrario, en los centros privados sigue siendo mayoritario el uso del método quirúrgico.
El estudio también refleja que el 49,14% de las mujeres intervenidas no utilizaban métodos anticonceptivos en el momento de la concepción. “Este dato señala la necesidad de reforzar las políticas públicas de educación afectivosexual y de garantizar la accesibilidad a los diferentes métodos de anticoncepción, como estrategia clave para la prevención de embarazos no deseados”, reconoce el Gobierno español.