El miércoles 31 de diciembre Cataluña ha iniciado la tercera y última fase del despliegue previsto por la ley de eficiencia judicial, con la entrada en vigor de los últimos 14 partidos judiciales: Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Granollers, Tortosa, Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona. Esta etapa representa el 71,8% de la actividad judicial total en Cataluña.
Esta ampliación implica un impacto directo sobre 5.430 funcionarios, con la creación de 150 nuevas plazas, fruto de una inversión global que supera los 6,4 millones de euros. Cabe destacar que en Barcelona no se ha completado todavía toda la implantación debido a la complejidad organizativa que presenta esta ciudad; se prevé que el proceso finalice en las próximas semanas o meses para evitar interferencias en la actividad ordinaria.
Evolución previa y distribución territorial
La actividad judicial se concentra especialmente en Barcelona —que acumula el 34,9% del volumen total— mientras que en las fases anteriores se incorporaron primero 33 partidos (en julio) responsables del 22,6% de la actividad y después dos más (en octubre), correspondientes a Badalona y L'Hospitalet de Llobregat (5,6%).
El conseller responsable del Departamento de Justicia, Ramon Espadaler, ha valorado positivamente el desarrollo normativo hasta ahora: "Cataluña cumple lo que habíamos dicho en los términos que establece la Ley", señalando también que este proceso se ha llevado a cabo "de manera consensuada", contando con la colaboración activa tanto del Tribunal Superior de Justicia como de los decanos de los diferentes partidos judiciales y de los letrados administrativos. Espadaler ha puesto especial énfasis en el apoyo sindical obtenido —con un apoyo superior al 80%— necesario para aprobar las nuevas relaciones laborales y los procesos de acoplamiento.
Esta reforma como un cambio estructural profundo
Esta ley representa una transformación significativa en el sistema catalán después de cuatro décadas sin reformas estructurales comparables. El despliegue se ha realizado en tres fases progresivas: inicialmente con 33 partidos (1 de julio), luego dos más (1 de octubre) y ahora con los restantes hasta completar los 49 partidos jurisdiccionales existentes.
El objetivo central es sustituir los juzgados unipersonales tradicionales por tribunales de instancia dotados de servicios comunes transversales que den cobertura a todas las unidades jurisdiccionales locales. Esta nueva organización pretende garantizar una mejor redistribución del trabajo interno así como incrementar la especialización de los equipos profesionales; consecuentemente se busca reducir progresivamente los plazos procesales.
Ante posibles preocupaciones sobre afectaciones operativas durante este período transitorio, desde el Departamento se destaca que ninguna fase ha supuesto una interrupción significativa en la actividad habitual de los órganos jurisdiccionales ni de los servicios administrativos asociados. De hecho, ya durante las fases previas se ha observado una recuperación rápida seguida de un incremento sostenido en productividad respecto a los niveles previos.
La excepcionalidad del partido judicial barcelonés
Ante la envergadura específica del partido judicial barcelonés —que concentra casi un tercio del total— su despliegue se ha ejecutado con criterios progresivos. El pasado día 31 se pusieron en marcha tres centros clave: Servicio Común General, Servicio Común de Tramitación y Servicio Común de Ejecución; estos atienden respectivamente al Tribunal de Instancia local así como a la Audiencia Provincial y al TSJC. Los directores responsables han sido designados por el Ministerio con informe favorable del Departamento mientras que ya se ha completado la asignación definitiva de los trabajadores a sus puestos correspondientes.
También se han adaptado espacios físicos esenciales dentro de la Ciudad de la Justicia —como oficinas de atención ciudadana o áreas específicas dedicadas a los ámbitos mercantil o familiar— así como actualizado el sistema informático e-justicia.cat para que sea funcional según este nuevo esquema organizativo.
Este partido está dividido en diez áreas temáticas diferentes entre las que destacan civil; familia; instrucción penal; violencia contra mujeres o menores; mercantil; social; contencioso-administrativo o vigilancia penitenciaria. En algunas zonas como civil o social todavía se mantiene temporalmente una estructura basada en plaza antes de alcanzar plena especialización funcional.
Mediación obligatoria dentro de algunas órdenes jurisdiccionales
Esta tercera fase también introduce medidas destinadas a potenciar los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) dentro de los órdenes civil y mercantil mediante la obligatoriedad previa a interponer demanda formal. Desde el Departamento se valora esta iniciativa como “una gran apuesta” para fomentar alternativas extrajudiciales eficaces capaces tanto de incrementar acuerdos como de disminuir la litigiosidad tradicional.
Transformación también en los juzgados municipales
Por otro lado, cabe destacar que esta reforma no solo incide en los jefes territoriales sino también en las oficinas locales donde se sustituyen progresivamente los juzgados de paz por oficinas municipales orientadas al servicio público cercano
En paralelo funciona un plan específico dedicado a reforzar estas oficinas mediante mejoras tecnológicas —como instalaciones digitales o plataformas electrónicas piloto (EjCat Lite)—, formaciones continuadas dirigidas a más de mil profesionales, así como actuaciones específicas encaminadas al fomento de una justicia más accesible en todo el territorio.
También destaca un programa piloto reciente orientado a gestiones telemáticas entre oficinas registrales municipales poniendo especial énfasis en trámites relacionados con matrimonio o nacionalidades.
