El gobierno español ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario un decreto ley que contempla una inversión de 5.000 millones de euros para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta iniciativa incluye una disminución "drástica" de la carga fiscal sobre la energía, con medidas como la rebaja del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas, que pasa del 21% al 10%.
Medidas coyunturales contra la inflación energética
Entre las acciones inmediatas destaca la extensión hasta diciembre de 2026 del bono social eléctrico, así como el refuerzo sustancial del bono térmico. También se aplica una bonificación del 80% de los peajes a las industrias electrointensivas más afectadas y se concede una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible al sector agrícola.
Sánchez ha detallado que estas medidas implican una rebaja efectiva de aproximadamente 30 céntimos de euro por litro, lo que supondrá un ahorro cercano a los 20 euros por depósito en un vehículo medio. Además, se ha acordado reducir el impuesto especial sobre hidrocarburos "hasta el mínimo permitido dentro de la Unión Europea".
Por otro lado, en cuanto a la electricidad, se prevé una bajada impositiva cercana al 60%, gracias a la combinación de diversas medidas: rebaja del IVA aplicado a luz y gas, suspensión temporal del impuesto sobre el valor de producción eléctrica y reducción significativa del impuesto especial sobre electricidad —del 5% al 0,5%. También se disminuirán los impuestos al consumo por gas natural, leña y pellets.
El ejecutivo prohibirá los cortes en suministro a los colectivos más vulnerables mientras mantiene congelados los precios máximos del butano y propano. Para garantizar un uso correcto de las ayudas públicas, se ha reforzado el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda "perseguir y eventualmente castigar" empresas que abusan en esta crisis.
Además, se prohíbe que las compañías beneficiarias de estas ayudas realicen despidos económicos durante este período excepcional.
Ejes estructurales: hacia una economía sostenible
Aparte de los aspectos coyunturales, el decreto incorpora también medidas orientadas a consolidar la transición ecológica. Sánchez ha remarcado que estos esfuerzos han ayudado a España a ser "más resiliente gracias al despliegue renovable" ante esta crisis internacional.
Dentro de este marco se incluyen deducciones fiscales masivas en el impuesto sobre la renta destinadas a fomentar instalaciones como placas solares fotovoltaicas, puntos de recarga para vehículos eléctricos o bombas de calor. Asimismo, se promoverán ayudas para mejorar la aclimatación de edificios existentes y agilizar los procesos vinculados con energías renovables.
Afectaciones sociales: impacto amplio con apoyo multisectorial
Sánchez ha señalado que estas disposiciones llegarán directamente a unos 20 millones de hogares y casi 3 millones de empresas. Ha destacado que todo el plan cuenta con consenso de los agentes sociales y diversos grupos parlamentarios a los cuales ha pedido apoyo explícito para que se valide rápidamente su aplicación legislativa.
Dos partes diferenciadas en los decretos aprobados
La aprobación no estuvo exenta de incidencias internas dentro del gobierno. Inicialmente había tensión entre las formaciones PSOE y Sumar a raíz de desacuerdos sobre las medidas relacionadas con vivienda propuestas por los segundos. Después de una demora en iniciarse el Consejo prevista inicialmente para las 09:30 h —que finalmente comenzó pasadas las 11:00 h— se llegó a un acuerdo gracias a negociaciones directas entre Sánchez y Yolanda Díaz.
Así pues, se aprobaron dos decretos diferentes:
- El primero: Incluye las rebajas fiscales en carburantes junto con medidas específicas dirigidas a los sectores más afectados por el conflicto (transporte, agricultura o pesca), incorporando también demandas empresariales planteadas desde Sumar.
- El segundo: Contiene propuestas relacionadas con vivienda —como la prórroga de los contratos de alquiler— pero presenta menos posibilidades de aprobación definitiva cuando llegue al Congreso.