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Durante el debate sobre el estado de la región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Govern encabezado por Salvador Illa de intentar adquirir una "residencia palacete" valorada en 33 millones de euros en la capital española. Según Ayuso, se trataba de un inmueble con una superficie que oscilaba entre los 2.000 y los 2.500 metros cuadrados, según las especificaciones solicitadas por la Generalitat, y con seis plazas de aparcamiento.
En sus palabras: "De 2.000 a 2.500 metros cuadrados según la petición de la Generalitat y seis plazas de garaje. 33 millones de euros quería invertir de dinero público que se paga desde Madrid para que, cuando Illa viniera al país vecino, es decir, Madrid, pudiera estar tan a gusto". Además, criticó duramente a la oposición preguntando: "¿Esto no les importa y les duele este dinero? ¿Cómo tienen tan poca vergüenza de callar algo así?".
Contexto y polémica en torno a la adquisición
Esta declaración llega en medio de la controversia generada después de que se conociera que el Govern había impulsado un concurso público para comprar un ático destinado presuntamente a ser sede institucional o despacho oficial. No obstante, ante las críticas sobre posibles irregularidades en la adquisición de esta residencia oficial, finalmente la Comunidad de Madrid decidió ponerla en venta.
Hace meses que el Govern activó este procedimiento mediante una licitación publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), con el objetivo de adquirir un inmueble situado en Madrid con una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados. Las zonas prioritarias establecidas eran tanto el centro como barrios como Recoletos, Goya, Castellana o Lista.
La oferta especificaba que se debía contar con espacios suficientes para albergar oficinas administrativas, aparcamientos disponibles y zonas destinadas a residencias oficiales así como un lugar para ubicar tanto una librería como el Centro Cultural Blanquerna. Finalmente sin embargo, esta licitación quedó desierta.
Respuesta oficial del Govern
Fuentes institucionales han recordado recientemente que el edificio utilizado hasta ahora durante dos décadas como sede institucional había quedado sin contrato a raíz del vencimiento del contrato de alquiler en diciembre de 2025.
Este hecho motivó "iniciar un concurso de compra totalmente transparente", así como buscar alternativas temporales mediante el alquiler. Ante el hecho de que ninguna oferta cumpliera los requisitos —tal como también se comunicó abiertamente— finalmente se optó por esta segunda opción porque "la Generalitat siempre ha apostado por tener una presencia institucional significativa en la capital del Estado".
Límite presupuestario y uso residencial
Por otra parte, se ha subrayado que el límite económico establecido dentro del concurso estaba ajustado a los estándares actuales e incluso era inferior a los precios habituales del mercado inmobiliario madrileño; circunstancia demostrada por el hecho de que no hubiera ninguna propuesta ganadora.
Además, han remarcado que es "totalmente absurdo" destacar exclusivamente el uso residencial dentro de los espacios previstos ya que esta zona no podía superar los 105 metros cuadrados respecto de los 2.605 totales previstos dentro del inmueble ofertado.
