La agonía de Noèlia hace que pidan acortar los plazos judiciales en los recursos contra la eutanasia

Cristina Vallès (Derecho a Morir Dignamente): “No permitiremos que se utilice la justicia para bloquear derechos reconocidos y herir la dignidad de las personas"

31 de julio de 2025 a las 10:17h

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) intentará que la jurisdicción contencioso-administrativa tenga un procedimiento específico para los casos de eutanasia que acorte los plazos de suspensión cautelar de las medidas.

“Desde el primer momento tuvimos claro que determinados grupos políticos que no consiguieron detener la ley de la eutanasia en el Congreso intentaban ahora hacerlo a través de los tribunales, a pesar del sufrimiento que esto provoca en las personas afectadas.” ha declarado Cristina Vallès, presidenta de DMD Catalunya. “No permitiremos que se utilice la justicia para bloquear derechos reconocidos y herir la dignidad de las personas", ha remachado.

Desde DMD Catalunya aseguran que seguirán trabajando con firmeza para que los derechos reconocidos al final de la vida sean efectivos, accesibles y respetados para todo el mundo.

EL CASO DE NOÈLIA

Este viernes 1 de agosto hará un año que se paralizó la eutanasia que Noèlia había solicitado y que le había sido aprobada de manera unánime por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya (CGAC). Desde entonces, la joven tiene detenida la posibilidad de ejercer su derecho reconocido por ley y se encuentra sometida a un sufrimiento que, desde DMD, consideran profundamente injusto y cruel.

En este caso, la intervención de la justicia "no solo no ha garantizado derechos, sino que ha generado una grave injusticia: ha alargado innecesariamente el sufrimiento de una persona que había cumplido todos los requisitos legales para acceder a la eutanasia". La suspensión cautelar del procedimiento fue solicitada por el padre de Noèlia, representado por Abogados Cristianos, justo después de que la CGAC autorizara el procedimiento.

El ordenamiento jurídico español reconoce de forma muy amplia el derecho a recurrir contra las resoluciones administrativas ante los tribunales, de manera que intentar impedir de forma absoluta todo recurso contra los informes favorables de las CGA estaría probablemente abocado al fracaso.

Lo que sí se puede evitar, según DMD, es el largo período de tiempo que tardan los tribunales en resolver estos recursos, manteniendo durante todo este tiempo suspendidas las resoluciones que autorizaban la eutanasia e "infligiendo así un sufrimiento añadido a las personas que se ven obligadas a continuar viviendo en contra de su voluntad".

Por este motivo, desde DMD Catalunya trabajarán para impulsar una reforma de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la norma procesal que regula los recursos judiciales contra las resoluciones de las comisiones de garantía de la eutanasia, según establece la ley de la eutanasia. Así, pedirán la incorporación de un procedimiento específico y sumamente abreviado que permita resolver con urgencia este tipo de casos, garantizando tanto la seguridad jurídica como la dignidad de las personas.

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Marc Pascual
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