El Gobierno de la Generalitat ha dado luz verde a la oferta de empleo público correspondiente al año 2026, que incluye un total de 540 plazas destinadas a la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Este colectivo engloba al personal de secretaría, intervención y tesorería, esenciales para el correcto funcionamiento jurídico, económico y administrativo de los municipios catalanes.
La estructura concreta de esta oferta distribuye las vacantes en 242 plazas de secretaría intervención, 168 de intervención tesorería y 130 de secretaría. Cabe destacar que se trata del primer proceso selectivo integral que aprueba la Generalitat después de haber recuperado esta competencia.
Objetivos para fortalecer la administración local
Esta iniciativa pretende dar respuesta a un problema especialmente visible en los municipios más pequeños, donde existe un elevado número de puestos vacantes en estos perfiles profesionales. En este sentido, la convocatoria quiere contribuir al refuerzo estructural de los equipos locales para garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos.
Recuperación de competencias y gestión del proceso
La aprobación de este acuerdo supone un avance significativo en el despliegue efectivo de las competencias que la Generalitat recuperó tras la primera Comisión Bilateral entre Catalunya y el Estado celebrada en febrero de 2025, así como fruto de iniciativas parlamentarias impulsadas recientemente en el Congreso.
La responsabilidad sobre la gestión administrativa recae ahora en la Dirección General de Administración Local, adscrita al Departamento de la Presidencia. Esta entidad se encargará tanto del desarrollo como del seguimiento de los procesos selectivos derivados de esta oferta.
Datos detallados sobre las plazas ofertadas
Dentro de las 540 plazas aprobadas, se incluyen tanto puestos por acceso libre como otros reservados a promoción interna: concretamente, 432 plazas son por acceso libre, mientras que las restantes 108 corresponden a promoción interna.
Más inclusión con reserva superior para personas con discapacidad
Además, el Gobierno ha reforzado los compromisos con la inclusión laboral estableciendo una reserva mínima del 10% de los puestos para personas con discapacidad. Esta cifra supera claramente el mínimo legal estatal fijado en un 7%.
Pautas para agilizar futuros procesos selectivos
La ejecución práctica de esta oferta requerirá que todas las convocatorias vinculadas se publiquen en un plazo máximo de un año. Además, se incorporarán medidas orientadas a acelerar los procedimientos selectivos mediante la implantación progresiva de tramitaciones electrónicas. También se velará para que los tribunales calificadores mantengan criterios transparentes y equilibrados en cuanto a representatividad y paridad.
