Los resultados de las últimas encuestas nos dicen que un 25% de catalanes no utiliza nunca el catalán y que el catalán no alcanza el 50% de uso en ninguna franja de edad. Son unos datos preocupantes, que nos tienen que hacer reaccionar. No desde el catastrofismo, pero sí con determinación y constancia para emprender medidas efectivas en todos los campos.
Hace unos días, desde el grupo de Junts-Impulsem en la Diputación de Lleida presentamos (y conseguimos aprobar) una moción para dotar a la institución de un reglamento de uso de la lengua catalana y para constituir una Mesa para el catalán. El reglamento debe garantizar el uso del catalán en todos los trámites y procedimientos administrativos. Debemos mantener el catalán en la atención al ciudadano con todas aquellas personas que lo entiendan y, por ello, hay que apostar no sólo por la capacitación lingüística de los trabajadores públicos sino también por la sensibilización sobre el uso de la lengua. Demasiado a menudo nos hemos encontrado documentos redactados en castellano con el pretexto de que justifican fondos europeos o que deben ser enviados a otras administraciones. El Estatuto de Cataluña es claro cuando dice que la lengua de las administraciones catalanas es el catalán. Debemos incorporar cláusulas lingüísticas a todas las contrataciones y verificar su cumplimiento con todos los proveedores de bienes y de servicios: todo aquel que trabaje por o por cuenta de la administración debe hacerlo íntegramente en catalán.
Por otro lado, la Mesa por el catalán debe ser una herramienta estratégica, con la mirada puesta en consolidar el uso del catalán en el conjunto de las comarcas de Poniente y del Alto Pirineo, que aproveche todos los instrumentos de que dispone la Diputación y los ponga al servicio de la promoción de la lengua. Aquí debemos implicar a todos los grupos políticos y a los representantes de los trabajadores pero también administraciones públicas, asociaciones, patronales… Debemos conseguir que la interacción que tiene la Diputación de Lleida con tantas entidades sociales y culturales, clubes deportivos, empresas, etc., sea no sólo para hacer política social, cultural o económica, sino también política lingüística.
Enric Prat de la Riba, que de las cuatro diputaciones provinciales consiguió hacer un instrumento poderoso de autogobierno nacional, decía: “queremos dar a nuestra lengua la plenitud de imperio sobre toda la vida nuestra […] darle en intensidad lo que en extensión siempre más tiene que faltarle”. Nos conjuramos para que así sea, en todo aquello que dependa de nosotros, en las comarcas de Poniente y el Alto Pirineo.
