Las autoridades británicas han comenzado a detener a migrantes para prepararlos para ser enviados a Ruanda en las próximas nueve u once semanas, según explicó el miércoles el gobierno británico, poniendo las bases para la política de inmigración insignia del primer ministro Rishi Sunak.
El Parlamento aprobó el mes pasado una ley que abre el camino para enviar solicitantes de asilo a Ruanda si llegan a Gran Bretaña sin permiso.
Sunak, que se espera que convoque unas elecciones a finales de año en las que es probable que la inmigración ilegal tenga un lugar destacado, quiere que los primeros vuelos salgan en julio.
TRAVESÍA DEL CANAL
Más de 7.500 migrantes han llegado a Inglaterra con embarcaciones pequeñas procedentes de Francia desde principios de año. El gobierno dice que la nueva ley disuadirá a la gente de hacer el peligroso viaje a través del Canal. Cinco personas murieron intentando hacer la travesía la semana pasada.
Las imágenes difundidas el miércoles por el ministerio del Interior británico mostraban a un hombre que los funcionarios de inmigración posaban en una furgoneta y otro era conducido fuera de casa con esposas.
“Nuestros equipos dedicados a la aplicación de la ley están trabajando a buen ritmo para detener rápidamente a los que no tienen derecho a estar aquí para que podamos arrancar muy pronto los vuelos”, dijo el miércoles el ministro del Interior James Cleverly en un comunicado.
PROTESTAS DE LOS FUNCIONARIOS
Un sindicato de funcionarios públicos explicó que había lanzado una impugnación legal porque potencialmente se les pedía a sus miembros que infringieran el derecho internacional.
“Los funcionarios no deben dejarse nunca en una posición en la que estén en conflicto entre las instrucciones de los ministros y la adhesión al Código de la función pública, pero eso es exactamente lo que ha elegido hacer el gobierno”, dijo Dave Penman, secretario general del sindicato de la FDA.
Se prevé que otros sindicatos y organizaciones benéficas de derechos humanos que se oponen a la política lancen desafíos para evitar que los vuelos se despeguen después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido declarara la política ilegal el año pasado.
