El Club de Mar de Sitges se enfrenta a un futuro incierto después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya dictado una orden de cierre inmediato de sus instalaciones, que incluyen la piscina María Teresa y las zonas de almacén. Esta decisión pone fin a un largo conflicto legal entre la entidad y el Ministerio, que data de hace más de siete años. El cierre está previsto para el 2 de junio, fecha en la que se dará inicio al derribo de las instalaciones, una medida que afectará tanto a la continuidad de las actividades como a los puestos de trabajo vinculados al club.
La decisión de cese de la actividad se basa en una resolución previa de febrero de 2018, en la que se estableció que el Club de Mar había ocupado de manera irregular terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Aunque la entidad intentó evitar el cierre presentando recursos legales e incluso pagando una multa de 60.000 euros, los tribunales han dado la razón de manera sistemática al Ministerio. A principios de 2024, se dio un ultimátum al Club de Mar para cumplir la resolución, pero la actividad continuó sin interrupción, lo que provocó la activación de un expediente de cierre forzoso.
Tras varios procesos judiciales y la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a finales de 2024, que avaló el precinto de las instalaciones, el Ministerio ha emitido esta última notificación, que ahora se considera definitiva. La resolución advierte que, sin más trámite previo, una empresa subcontratada comenzará el desmantelamiento de los edificios implicados.
Desde el Club de Mar, la situación es vista como una amenaza para la entidad, que cuenta con más de 400 familias asociadas y una trayectoria de más de 70 años de historia. Además, señalan que el derribo pondría en peligro alrededor de treinta puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y afectaría a 120 jóvenes que participan en las actividades de deportes de vela cada semana. La presidenta del Club, Gemma Marcé, ha expresado que el derribo es un golpe duro para la comunidad local y ha defendido el papel del Club como “escuela de vida” y espacio de valores.
Esta situación se complica aún más por la calificación del edificio como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). El Club de Mar tiene la intención de presentar una propuesta a la Generalitat para solicitar que el edificio sea reconocido como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), una medida que podría blindarlo ante posibles acciones de derribo. Aun así, este proceso todavía está en fase preliminar y no garantiza el éxito.
El Club de Mar ha hecho un llamamiento a la sociedad sitgetana y a las instituciones para unir esfuerzos y evitar que el cierre suponga una pérdida irreversible para la comunidad local. La situación actual pone de manifiesto un conflicto entre la protección de los espacios naturales y la continuidad de una institución histórica que ha sido un referente en el fomento del deporte y la convivencia.