En los carteles, así como en los panfletos repartidos por el propio partido, se relaciona un determinado colectivo migrado con la inseguridad ciudadana. El mismo día en que aparecieron, el equipo de gobierno (PSC, JxB, Grupo Blanes y Blanes SI) con el apoyo de ERC, BECP y la CUP, ya ordenó que fueran retirados de la vía pública. Sin embargo, a través de un comunicado difundido en las redes sociales del consistorio blanquiazul, el 11 de febrero ya se adelantó que se formalizaría una denuncia que, finalmente, se ha presentado este viernes.
En la denuncia se considera que, a través de los carteles y panfletos, VOX hace un señalamiento directo intencionado a un colectivo especialmente vulnerable: las personas migradas, a las que tilda de ilegales. Se refiere más concretamente a un grupo que desde hace unos meses está alojado en un hotel de Blanes mediante un recurso de emergencia gestionado por una entidad por encargo del estado español. Son personas que han demandado protección internacional, y que además tienen asignado un NIE, pero todavía no tienen el preceptivo permiso de residencia y trabajo hasta que no se resuelvan sus solicitudes.
La denuncia pide que, en aplicación de la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No-Discriminación, se considere si esta acción de VOX constituye una infracción muy grave del artículo 46.6 c) sobre igualdad de trato y no discriminación tipificada y, en caso afirmativo, se aplique la sanción correspondiente. También se solicita que valore si puede ser susceptible de denuncia ante la Fiscalía de delitos de odio y discriminación como supuesto delito de odio tipificado en el Código Penal, la difusión de estos cántabros y si el mensaje que contienen contraviene la Ley de Igualdad de Trato y No-Discriminación, ya que la actuación concretada en el cartel que se acompaña atenta directamente contra los principios rectores de esta norma.
Jordi Hernández ha remarcado: “Ya lo dije en su momento y sigo diciendo que se ha traspasado una línea roja. No se puede tachar a ninguna persona, a ningún colectivo de criminal sólo por una cuestión de tener o no tener papeles. Y más cuando la gente a la que se está apuntado en estos carteles son gente que lo que pide es un asilo político. Lo que hemos hecho es ponerlo en conocimiento y si la fiscalía cree que debe denunciarlo, que lo denuncien”
La denuncia del Ayuntamiento de Blanes por medio de su alcalde-presidente, Jordi Hernández, se ha presentado electrónicamente la mañana de hoy viernes en la Oficina de Igualdad de Trata y No discriminación del Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña. En su fundamentación jurídica, explica que si hay una de las atribuciones que deben tener los ayuntamientos es velar por la convivencia entre vecinos y vecinas, así como promover el buen trato, la cordialidad. En definitiva: hacer de Blanes un espacio de no confrontación entre personas por razón de su origen.
Tras citar varios artículos -el Estado de Autonomía de Cataluña, la Ley de Bases del Régimen Local, el Tratado de la unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles- también hace referencia a la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No-Discriminación. El artículo 1 de esta ley establece que algunas de las formas de discriminación son por el origen territorial y la xenofobia, la raza, origen étnico o color de piel, la lengua o identidad cultural y las convicciones religiosas.
También se señala que el artículo 3 e) de la referida legislación define el acoso discriminatorio que no se había visto nunca. Por ello, en la denuncia el Ayuntamiento de Blanes entiende que la acción de VOX sólo tienela intención de propagar ideas a la población general de exclusión y restricción de los derechos y libertades fundamentales de un colectivo determinado de personas por las razones antes mencionadas.
En cuanto a la existencia de acoso discriminatorio a que se refiere la denuncia, se explica que los carteles buscaban hacer su máxima difusión y generar un estado de alarma a cierta parte de la población, manipulando y asociando la inseguridad y la delincuencia a este colectivo con un discurso falso. En consecuencia, se considera que se utiliza el colectivo de personas con protección internacional para la propagación de discursos de odio, discriminación y estigmatización, utilizando datos e información totalmente falsas para generar un impacto y una brecha en la población más vulnerable.
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