La Generalitat de Cataluña informó hace unos días de la creación de un grupo de trabajo para evaluar si hay en el territorio edificios construidos con las mismas características del edificio de Valencia que se incendió, matando a 10 personas y una octogésima de animales de compañía.
El edificio calcinado estaba hecho con un revestimiento de poliuretano, un material inflamable que se hacía de servir de forma habitual en la construcción de viviendas durante la década de los 2000-2010.
De hecho, no fue hasta el año 2017 cuando la Unión Europea legisló para limitar el uso de este material, después de que la torre Grenfell de Londres, de 120 apartamentos distribuidos en 24 plantas, creciera completamente. En aquel caso, el fuego también se extendió muy rápidamente y dejó muchas más víctimas mortales: 72. El hecho de que el incendio se originara durante la madrugada hizo que hubiera muchos más vecinos en el edificio.
En el caso de Valencia, la promotora del edificio fue FBEX, propiedad del empresario catalán Juan Parada Henares, que construyó miles de viviendas por todo el país durante aquella época. En Cataluña, por ejemplo, hasta 2008 construyeron 1.377 viviendas, algunas de ellas en la provincia de Tarragona.
Su mayor promoción de viviendas en la provincia de Tarragona fue la construcción de 80 viviendas en Reus entre el año 2007 y el 2008. Se trata de unos bloques de pisos ubicados en el cruce entre la avenida de Salou y la calle de Manuel Hugué. Pero también construyó, por ejemplo, un bloque con 112 pisos en la avenida Catalunya de Tarragona, y otras promociones en Constantí, Falset y La Pobla de Montornès.
Se desconoce si en estas construcciones —o en otras que se hicieron en Cataluña en la misma época— se utilizaron los mismos materiales que en el edificio de Valencia, y por este motivo la Generalitat quiere crear un grupo de trabajo para averiguarlo.
Fuentes del Departamento de Territorio de la Generalitat explican que el objetivo principal de este grupo de trabajo será “definir las acciones y medidas pertinentes a los posibles edificios en riesgo para esta patología en Cataluña“.
En Cataluña, desde el año 2006 es obligatorio que las constructoras comuniquen el inventario de los materiales y la documentación de los proyectos constructivos en los colegios profesionales, un hecho que agilizará mucho este proceso de estudio. En el caso de las fincas construidas antes de ese año, la situación será más complicada porque no se dispone de los inventarios y de toda la documentación necesaria.
