El senador del PSC por Tarragona, Mario Soler, ha defendido hoy una moción en la que se defiende la creación de un impuesto complementario para los grupos de empresas de gran magnitud que garantice un mínimo global de imposición.
Según ha desgranado el senador por Tarragona, “se trata de una propuesta que tiene el apoyo de la OCDE para garantizar, a nivel mundial, un mínimo de un 15% en el impuesto de sociedades. Cabe remarcar que la medida en cuestión afectaría a las grandes empresas que ingresan más de 750 millones de euros.”
Mario Soler, portavoz socialista en la Comisión de Hacienda del Senado, ha concretado que “la transposición de la directiva europea quiere evitar que haya grandes sociedades que trasladen sus beneficios a la economía”. territorios sin imposición o bien que la tengan muy reducida, aunque no se haya llevado a cabo en estos territorios su actividad económica.”
“Por tanto, lo primero que quiere la directiva es establecer un límite a la competencia fiscal mediante la fijación de un mínimo global de imposición“, ha explicado.
Así, Mario Soler ha puesto de relieve que uno de los objetivos que se ha fijado el Gobierno progresista y socialista es fortalecer la progresividad de nuestro sistema tributario, lo que implica también revisar la fiscalidad en materia de sociedades para adaptarla al contexto actual.
En este sentido ha recordado que el impuesto de sociedades ha sufrido el efecto de la competencia tributaria entre los diferentes Estados, incluso dentro de la Unión Europea. “Esta situación ha permitido a las grandes corporaciones multinacionales aprovechar su posición para alcanzar una menor contribución en comparación a las empresas competidoras más pequeñas, y ya no digamos con relación al común de los mortales.”
Precisamente para evitar estas dinámicas la OCDE alcanzó un acuerdo histórico en defensa de un impuesto mínimo global, que va en la línea de lo establecido por la nueva directiva europea.
“Ahora lo que se trata es de incorporar estas directivas a nuestra política fiscal como ya hemos hecho en el caso de los contribuyentes que declaran un importe neto de la cifra de negocios de, como mínimo, 20 millones de euros al año. La justicia social, a diferencia de lo que cree la extrema derecha, sí es justa y necesaria. Esta es, al menos, la convicción política y ética de este Gobierno”, ha remachado.
