La primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado este lunes que el gobierno municipal llevará “hasta las últimas consecuencias” el cumplimiento de la medida que obliga a los promotores inmobiliarios a reservar el 30% de las viviendas a protección oficial. “Todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidad de acabar en sanción”, ha manifestado.
Según Bonet, los servicios de inspección han detectado nueve casos en fase de restitución. Además, ha negado que se hayan perdonado sanciones por incumplimientos de la norma, respondiendo así a las informaciones presentes por redes sociales, que apuntaban a que el gobierno de Jaume Collboni había archivado cinco expedientes sancionadores y otros en fases más iniciales en septiembre de 2023, solo tres meses después de la llegada de Collboni a la alcaldía.
“Este gobierno tiene la firme voluntad de hacer cumplir la normativa vigente del 30%”, ha destacado Bonet, añadiendo que el ejecutivo municipal ha estado actuando de manera diaria para anticiparse a posibles incumplimientos mediante un protocolo de control.
Una macroinspeción de 2022
La primera teniente de alcaldía de Barcelona, ha asegurado que “estos nueve casos en fase de revisión se han detectado en una macroinspección realizada en 2022 sobre un total de 2.500 actuaciones”. Las infracciones se corresponden con permisos de obras que no se ajustaban a la realidad de los trabajos que se llevaban a cabo.
Bonet también ha explicado que el procedimiento a seguir en estos casos es restituir la legalidad urbanística, solicitando los permisos pertinentes, y, en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes. “Cuando tengamos la certeza jurídica de que realmente se ha producido un incumplimiento, actuaremos en consecuencia”, ha afirmado.
El Ayuntamiento de Barcelona, según ha afirmado, trabaja también de manera preventiva para verificar si determinadas obras de rehabilitación pueden estar esquivando la aplicación de la norma del 30%, con el objetivo de garantizar su efectividad y asegurar que los promotores cumplan la regulación vigente.
