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La Agencia Tributaria española prohibió a finales de octubre de 2022 que el ‘youtuber’ Willyrex dispusiera de los activos que tiene en Barcelona a nombre de su empresa, Willyrex S.L. Se trata de dos grandes pisos en Pedralbes y en Sarrià-Sant Gervasi y de un local ubicado también en este último distrito.
Según informa ‘El periódico de España’, el ‘youtuber’ no podrá hacer uso de estos pisos —ni venderlos, ni alquilarlos, ni traspasarlos a nombre de alguien más— hasta que no salde sus deudas personales con Hacienda. El mismo medio indica que Willyrex, preguntado sobre este tema, solo ha indicado que ha dejado el caso en manos de sus abogados y que “la información no es correcta“, sin dar más detalles.
Los inmuebles paralizados pertenecen a la sociedad Willyrex S.L., que está participada al 100% por Guillermo Díaz Ibáñez, el nombre real del youtuber, como mínimo hasta octubre de 2022. Uno de ellos, el que está situado en Pedralbes, es una tercera planta de 232 m2 construídos que tiene tres plazas de aparcamiento y está valorado en 2,59 millones de euros. El otro piso, ubicado en Sarrià-Sant Gervasi, tiene 103 metros cuadrados y está valorado en cerca de 447.000 euros, según recoge ‘El Periódico de España’.
Hacienda y los ‘youtubers’
Lo único que podría hacer Willyrex con cualquiera de estos pisos sería vivir en ellos, pero si lo hiciera dejaría de ser considerado residente fiscal en Andorra, que obliga a pasar 183 días al año en el Principado para acogerse a este concepto. Eso le obligaría a volver a pagar más impuestos en España.
“He pagado tantos impuestos que mi saldo con lo que me da a mí España… creo que he pagado tres vidas mías”, explicó el joven en un pódcast con Jordi Wild, añadiendo que “mi saldo está más que pagado.“. El joven ha sido uno de los muchos creadores de contenidos en España que han decidido marcharse a vivir a Andorra para evitar pagar impuestos aquí, y acusan al Estado de recaudar “demasiado” impuestos, con un IRPF que llega al 47% para las personas que facturan más de 300.000 euros anuales.
Uno de los casos más conocidos es el del joven conocido como El Rubius, que fue condenado por Hacienda a pagar 72.000 euros —una parte de deuda con el IRPF y otra de multa. El joven se acogió a una práctica que es bastante habitual en ámbitos como la televisión. Personajes famosos que facturan más de 300.000 euros, y que están obligados a pagar un 47% de IRPF, crean sociedades y empresas para facturar sus servicios a través de estas sociedades. Como el impuesto de sociedades es de un 25%, se ahorran casi la mitad de los impuestos que pagan.
Pero Hacienda es consciente de esta práctica y la persigue habitualmente, al considerar que si la actividad facturada es “muy personal”, debe facturarse como trabajador autónomo y no como parte de una empresa. Uno de los casos más relevantes de los últimos años fue el del presentador Màxim Huerta, elegido como ministro del primer gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo que dimitir en las primeras semanas en el cargo tras saberse que Hacienda lo había investigado por este motivo.
