Una de las noticias de la semana en Cataluña —y también en el resto de España— ha sido la modificación del texto de la futura ley de amnistía que el PSOE sacará adelante a raíz de los pactos de investidura con Junts per Catalunya y ERC. En un primer momento se descartó que la amnistía afectara también a personas condenadas por delitos de terrorismo, pero la investigación del juez García Castellón acusando a Tsunami Democràtic de terrorismo ha obligado a los principales actores de esta ley a hacer cambios.
Según anunciaron fuentes socialistas, el partido considera que las modificaciones incluidas por ERC y Junts esta semana en la ley blindan que pueda aplicarse también a los investigados por el Tsunami Democràtic y los CDR, casos que incluyen, entre otros, a el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Así, las modificaciones a la ley, que se debatirá en el Congreso de los Diputados el próximo martes, 30 de enero, permiten incluir el terrorismo dentro del ámbito de su aplicación, pero con una excepción: los casos en que estos delitos supongan “graves vulneraciones de los derechos humanos“. Esta consideración quedará en manos del juez, en este caso Manuel García Castellón, que deberá decidir si cada “sentada” o cada concentración en medio de la calle viola gravemente los derechos humanos. En caso de que no sea así, los acusados estarán protegidos por la amnistía.
Casualmente, la instrucción del caso está previsto que termine el próximo lunes, 29 de enero, un día antes de la votación de la ley en el Congreso. El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, pidió hace unos días a las partes si consideraban necesario ampliar el proceso seis meses más. Si no hay cambios, la instrucción del caso se cerrará el lunes y martes se votará en el Congreso la ley de amnistía.
Polémica por la “persecución” del juez García Castellón
Sectores del independentismo han criticado al juez del caso, García Castellón, por la “persecución” iniciada contra los CDR y Tsunami Democràtic. Las críticas van dirigidas especialmente a que los propios jueces acaben juzgando casos similares o que están relacionados entre sí. Especialmente teniendo en cuenta que Castellón se mostró abiertamente contrario a la ley de amnistía —sin que se conociera todavía el texto— en una charla en la universidad.
Por ejemplo, uno de los jueces de refuerzo de García Castellón en el caso de Tsunami Democràtic, Joaquín Elias Gadea —que participó en la instrucción del caso de Inipro contra el PSC en Tarragona—, ya formó parte de los jueces —en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— que condenar a Quim Torra por desobediencia por el caso de los lazos amarillos en la fachada del Palacio de la Generalidad.
Los mismos dos jueces fueron objeto de una querella de Podemos, que les acusó de prevaricación por la reapertura de la causa de financiación ilegal contra el partido, aunque el Tribunal Supremo la inadmitió a trámite.
Uno de los jueces del caso Tsunami Democràtic, al caso Inipro
Precisamente el nombre de Joaquín Elias Gadea será uno de los nombres más relevantes en Tarragona este 2024, ya que fue el juez encargado de la instrucción del caso Inipro, que quedó en manos de la Audiencia Provincial y del que está previsto que se celebre la vista oral a partir del mes de septiembre, según explicó Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, en Tarragona Ràdio.
Cabe recordar que el caso investiga los contratos del Ayuntamiento de Tarragona —gobernado entonces por el alcalde socialista Josep Félix Ballesteros— con la empresa Inipro a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales.
Hay nueve personas imputadas por diferentes delitos, como los de prevaricación, malversación, falsedad documental, fraude, soborno, tráfico de influencias, alteración de precios en concurso y subastas públicas y abuso en el ejercicio de la función pública.
