El jefe de Gobierno, Xavier Espot, se ha mostrado consciente este miércoles de que de aquí hasta 2027 o incluso antes, cuando se prevé el levantamiento de la prórroga forzosa de los contratos de alquiler, el ejecutivo deberá aplicar “medidas compensatorias suficientes” para permitir que no haya un descontrol en el mercado de la vivienda.
En el marco de la entrevista que ha concedido a responsables de los medios de comunicación y que se ha emitido por Radio y Televisión de Andorra (RTVA), el jefe de Gobierno ha puesto de relieve que estas medidas podrían pasar por una regulación del precio del mercado de alquiler o bien otras como disponer de un parque público de vivienda a precio asequible que sea “bastante consistente”.
En este sentido, ha reconocido que la prórroga de los alquileres “no se podrá mantener indefinidamente”, pero que desintervenir el mercado completamente de cara a 2027 “sería un suicidio”. Ahora bien, lo que sí ha descartado ha sido poner un tope a los precios, ya que como se ha podido ver en lugares como La Seu d’Urgell, la medida no ha sido efectiva e, incluso, se ha desincentivado la oferta.
Tal y como se esperaba, el primer bloque de la entrevista en Espot ha girado en torno a la situación inmobiliaria del Principado. A lo largo de sus respuestas, el jefe del ejecutivo ha dejado patente que acciones que se han puesto en marcha como la aprobación de la ley ómnibus demuestran que la situación de la vivienda es la “principal prioridad” del Gobierno. Sin embargo, la implementación de esta ley “no quiere decir que aparte podamos añadir medidas colaterales” como una reformulación del programa de avales para la compra de viviendas, ya que “no solo tenemos que fomentar que se viva de alquiler asequible”, sino que también haya personas que puedan adquirir su propio piso.
Precisamente, ha avanzado que una de las acciones que se ha puesto en marcha de manera coordinada con las entidades bancarias ha sido mirar “donde podíamos ser más generosos” tanto en lo que respecta al sector privado como al público y crear un programa “más atractivo” que permita que más personas se puedan acoger. Esta nueva política de avales contempla tipos de interés más bajos y una aportación inicial más elevada por parte del erario público. Eso sí, siempre que las personas que estén interesadas en acceder a ellas cumplan con ciertos requisitos económicos.
En cuanto a las pocas solicitudes para acceder al parque público de viviendas a precio asequible, especialmente en edificios como el de Canillo, el jefe de Gobierno ha expresado que uno de los motivos ha sido que se ha querido trabajar “paso a paso” y que poco a poco se han ido flexibilizando los requisitos para permitir que más personas se puedan sumar.
De hecho, ha manifestado que, si cada vez “tenemos un mercado más desintervenido, podremos ser más generosos desde un punto de vista reglamentario para dar acceso al parque público de viviendas”. En este punto, también ha destacado los esfuerzos que deben hacer los propietarios al no considerar las viviendas como un producto especulativo y los inquilinos a la hora de entender que tras los pisos también hay un derecho a la propiedad privada “que debe respetarse mínimamente”.
El recuento de los pisos vacíos ha sido otra de las preguntas recurrentes, un tema que el jefe de Gobierno ha reivindicado la necesidad de disponer de “datos fiables” y, sin querer entrar en acusaciones cruzadas, ha reclamado a los comunes que se trata de unas cifras que se encuentran en sus manos. De hecho, Espot ha explicado que todavía hay un común que no ha hecho llegar los datos sobre los pisos vacíos, pero que con el resto que sí lo han hecho se ha podido empezar a dibujar una radiografía fidedigna de esta tipología de viviendas y también del precio medio de arrendamiento que podrían tener. En este sentido, ha recordado que la suma de los pisos vacíos y las viviendas de uso turístico podrían representar la entrada al mercado de alquiler de un millar de pisos.
Espot también ha abordado la cuestión de la inversión extranjera inmobiliaria y ha sacado pecho de que la ley ómnibus también ha permitido “poner punto final” a una situación que provocaba más tensión sobre el mercado, ya que con el nuevo texto este tipo de inversiones solo se pueden ejecutar si se trata de alquiler asequible. Cuestionado sobre las cifras que salieron publicadas últimamente, donde se dejaba patente por parte del departamento de Estadística que durante el año pasado hubo un crecimiento sustancial de la inversión extranjera inmobiliaria, ha reivindicado que con la ley actual estas inversiones foráneas estarán más acotadas y que se trata de un nuevo mecanismo que se suma a la tasa a la inversión extranjera —la cual también ha abierto la puerta a incrementar si es necesario—, que en lo que llevamos de año ha permitido recaudar unos cinco millones de euros. Un dinero que, ha añadido, se destina a incrementar el marco público de alquiler asequible.
Con todo, desde el Gobierno se siguen manteniendo en una posición de centro: “No podemos hacer lo que dice Montaner de desintervenir el mercado ni tampoco lo que reclaman el PS y Concordia que es decir de un día para otro que no hay inversión extranjera y esta fuente de ingresos queda completamente parada. Los que gobernamos intentamos encontrar un punto de equilibrio que a veces no gusta ni a un lado ni al otro, pero son decisiones que, a largo plazo, beneficiarán más a los ciudadanos”, ha sentenciado.
