El Raonador del ciudadano abrió el año pasado un total de once expedientes de personas que se dirigieron a él para quejarse de las resoluciones desfavorables para la reagrupación de hijos o parejas. Desde la institución señalan que “aunque pueda parecer que no es un número especialmente alto, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en 2023 sólo se abrieron tres expedientes” en relación con esta temática. ¿Y cuál puede ser la causa? Según Xavier Cañada el aumento puede venir relacionado con la aprobación del decreto de julio de 2023 que “endureció las condiciones para facilitar el reagrupamiento” y que ha provocado que “algunas personas se hayan quedado encalladas a medio procedimiento por este cambio de normativa”.
Aunque admite que algunos casos implican circunstancias “muy complejas (y a vueltas dramáticas)” incide en que “cuando la complejidad no se gestiona correctamente conlleva inequidad y pone en riesgo la cohesión social “. Aunque los casos son muy diversos, desde la institución ponen de relieve que “un ejemplo predominante” es el de un adulto del núcleo familiar al que se notifica por parte de la policía que abandone el país en un plazo de ocho días porque se encuentra en situación administrativa irregular. El otro miembro adulto del núcleo familiar permanece en Andorra normalmente con uno o más niños, también o no, con la situación administrativa irregular de estos últimos. “Desde esta institución queremos poner de relieve que esta situación pone en peligro a los niños y sus derechos, al separar de facto a los miembros de la familia”, denuncian, ya que inciden en que “el primer círculo de protección de los niños es la familia”.
Situaciones administrativas irregulares
Otra cuestión que “preocupa enormemente” la institución es la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en el país, en algunos casos desde hace años, en una situación administrativa irregular. Una de las primeras iniciativas que ha tomado ha sido averiguar el número de menores que se encuentran en esta situación, y el primer “reto” al que se ha tenido que afrontar es la constatación de que “no existen registros de niños no regularizados administrativamente”. “Esta falta de datos por sí sola ya es un dato significativo. La situación no es fútil: la ausencia de dispositivos y/o de regularización tiene implicaciones muy importantes porque estos niños y adolescentes acaban estando invisibilizados por el propio sistema”, critica. Por ello destaca que hay que “actuar”, para defender “el interés superior” de los menores. Y es que en este punto recuerda que “estas personas no tienen acceso a la sanidad pública, al derecho al ocio a través de los recreos u otras actividades lúdicas públicas, al menos con las mismas condiciones que el resto de niños; del mismo modo que tampoco tienen posibilidad de acceder a becas de comedor o de estudio, o a ser valorados por la Conava, etc”. Y ante esta constatación, asegura que “es, por tanto, una deficiencia que hay que resolver de forma prioritaria”. El Raonador ha recogido testimonios de algunos de estos jóvenes adolescentes que se encuentran en esta situación y evidencia “miedo, clandestinidad e incertidumbre ante la inminente llegada de la mayoría de edad”.
Institucionalización
También dentro de este apartado de infancia, el Raonador expresa “la preocupación por el gran número de niños en situación de desamparo judicial y que están institucionalizados en diversos centros del país”. En este sentido, pone de relieve que se está ante situaciones de gran complejidad y de “difícil resolución que piden plantearse cuestiones relevantes”. En este sentido, hace un llamamiento a la reflexión sobre el impacto que “los extensos horarios laborales de los progenitores” pueden tener o si se puede evitar esta separación del núcleo familiar y de qué manera se puede proceder para que el retorno sea lo más rápido posible. “Alternativamente, y en consonancia con la tendencia internacional de des-institucionalizar los servicios sociales, se debería poner énfasis en las familias de acogida y en viviendas situadas en la comunidad y no en los centros como recurso principal para estos casos”, argumenta Cañada.
Actividad anual
El Raonador cerró el año pasado habiendo iniciado 329 expedientes, incluyendo 93 quejas, 213 consultas o quejas sin tramitación externa escrita y 24 expedientes de oficio. Y si bien el tema ‘estrella’, en años anteriores fue la vivienda, se puede ver como en 2024 los expedientes sobre cuestiones con la administración general (96) son los más habituales, seguidos de expedientes sobre vivienda (37) y pensiones/CASS (36).
