Concordia irrumpió con fuerza en las elecciones generales de Andorra, alcanzando la segunda posición en sus primeros comicios. Desde el Consejo General, su grupo ha abanderado cuestiones como la defensa del catalán, el derecho a la vivienda o una posición crítica con el Acuerdo de asociación con la UE que se ha presentado. Hablamos sobre la actualidad del país con Cerni Escalé, cofundador de Concordia y actual jefe de la oposición.
Hace un año y medio que entraron en el Consejo General como segunda fuerza. ¿Cómo ha sido esta llegada?
La historia de Concordia es atípica. Somos un grupo de personas jóvenes que nos reunimos en la terraza de mi abuela con el objetivo de configurar un movimiento en torno a tres ejes. La conservación del patrimonio natural, el bienestar social y la pertenencia al país. Que este partido saque los segundos mejores resultados en las elecciones nacionales es algo que no había pasado nunca. Es bonito que puedas construir un proyecto político en torno a lo que realmente piensas. Eso no pasa casi en ningún sitio.
Después de las elecciones generales, vinieron las comunales.
El partido en varias coaliciones ganó en tres de las siete parroquias. Por lo tanto, es un partido muy joven y que ha crecido rápidamente. En gran parte porque los temas que tocamos desde el principio eran relevantes y estaba el espacio político. Venimos de una política de oposición sistemática y de grandes enfrentamientos, el objetivo de Concordia era romperlo. Hacer una política crítica, pero de propuesta, proactiva y pensando en las generaciones futuras.
En estas elecciones el principal tema era la vivienda.
El problema de la vivienda lo sufrimos porque ha habido mucha inversión extranjera, la gran mayoría desde la apertura de 2012. Nos encontramos en un lugar atractivo, con baja presión fiscal y en un contexto de apertura de la economía. Entonces, empiezan a llegar inversiones -sobre todo españolas- de contraventa de inmuebles y suben los precios de la vivienda. Aparte de la inversión extranjera, el problema también son las muchas residencias pasivas de mucho poder adquisitivo, que también compran otras viviendas.
“Concordia tiene el objetivo de hacer una política crítica, pero de propuesta, proactiva y pensando en las generaciones futuras”
¿La Ley ómnibus que plantea el Gobierno puede resolverlo?
Es una ley que toca diferentes leyes. Por un lado, modifica aspectos técnicos y genéricos de Ley de Inmigración. En cuanto a la Ley de inversión extranjera, dice que debe haber un límite al número de residencias secundarias que una persona puede comprar en el país. Lo limita a dos segundas residencias. Esta medida hace poco para solucionar el problema. Hay que limitar las compras a una sola residencia secundaria por parte de las personas que no viven ni trabajan en ella. No son realmente dos segundas residencias. Quizás una sí lo es, pero la otra es directamente inversión. Además, entre el 90 y el 95% de los inversores extranjeros ya han comprado una residencia. ¿Por qué todavía permitimos especular en nuestro país?
También piden un sistema de cuotas.
Si tenemos 7.000 personas interesadas en comprar nuestras casas, luego los andorranos no pueden vivir. Proponemos ser mucho más estrictos con el número de metros cuadrados que se pueden comprar por parte de personas extranjeras. Debe limitarse a un tope de 10.000 m².
¿Esta inversión extranjera puede estar en cualquier lugar del país?
No, defendemos que haya determinadas zonas reservadas a la población del país. Alrededor de las plazas públicas o de los servicios del país. Si una persona extranjera quiere tener una segunda residencia a pie de pistas, la podrá tener. El día a día de Andorra no ocurre a pie de pista.
“Si tenemos 7.000 personas interesadas en comprar nuestras casas, luego los andorranos no pueden vivir”
Aparte de definir la inversión, la ley toca la fiscalidad.
Modifica el marco tributario. Somos el país del mundo con los impuestos más bajos por el inmobiliario. El Gobierno actual todavía nos ha hecho más competitivos en este sector en el que no queríamos serlo. Un ejemplo es la aprobación en el año 2023 de una ley que eliminaba el impuesto de plusvalías inmobiliarias. Es decir, el impuesto a la especulación inmobiliaria. Pasaron del 10% sobre los beneficios al 5%. Ahora el Gobierno de DA propone que sea un 10% en los primeros dos años y de un 5% entre los dos años y los cinco. Es menos ambicioso que la ley anterior, que partía del 10% y lo disminuía progresivamente hasta los diez años. Si te compraba un inmueble y lo volvía a vender antes de que pasaran diez años, todavía pagaba una parte de los beneficios.
Tenemos que ser mucho más ambiciosos a la hora de tasar la especulación inmobiliaria. Necesitamos priorizar la vivienda digna y a precios accesibles para las personas que viven en el país. La mayoría de propietarios son responsables, pero la irresponsabilidad es del Gobierno a la hora de no subir impuestos y de los especuladores.
¿Qué puntos de la Ley ómnibus están mejor definidos?
La ley sobre los inmuebles de uso turístico es probablemente la que está mejor empastada. Limita las viviendas de uso turístico en zonas urbanas. Aparte de esto, hay una medida de ocupación en los pisos vacíos que sigue un proyecto de impuesto en los pisos vacíos. La idea es liberar una parte de este parque de vivienda que está desocupado. Tenemos hogares sin personas y personas sin hogar.
El Acuerdo de asociación con la UE ha generado posiciones diversas. Concordia dice que está a favor de un Acuerdo, pero no de éste. ¿La alianza con la UE es inevitable?
Andorra es un país muy pequeño y totalmente rodeado por la Unión Europea. Es inevitable seguir teniendo relaciones con el área económica integrada más grande del mundo y que además nos rodea. La cuestión es cómo se estructura esta relación. Tenemos sobre la mesa un Acuerdo de asociación que es el acuerdo más ambicioso que la UE ha negociado con un país tercero. Así lo ve la Comisión Europea. Es un acuerdo de entrada al mercado único y tiene una naturaleza sobre todo económica. El acuerdo que ha negociado el Gobierno implica la adaptación automática por Andorra de las normas europeas que se aprueben.
“Tenemos que ser más ambiciosos a la hora de tasar la especulación inmobiliaria”
Andorra debería aplicar las directivas europeas sin derecho a réplica?
Es complejo. Hay ciertas materias que son de aplicación automática. Por ejemplo, en las que afectan a las mercancías la mayoría lo son. Nos consultan al inicio del proceso y luego deciden desde Bruselas. Sin eurodiputados ni representantes en las instituciones europeas. Es un acuerdo muy amplio, deberíamos adoptar de golpe 6.000 leyes y toda la jurisprudencia hasta ahora.
Las normas europeas pasan por un comité mixto, compuesto por la parte andorrana y la europea. La cuestión es si no nos ponemos de acuerdo. En este caso, el mecanismo de resolución de competencias es que decida el tribunal europeo, quien decide en base al derecho europeo. En la práctica, hay una probabilidad muy alta de que Andorra tenga que aceptar sin más ni más las normas europeas. Debemos encontrar una fórmula que no genere un impacto tan grande, modificando los aspectos que nos hagan retener la capacidad deciseria y evitar que nuestro tejido sea sustituido por empresas europeas.
¿Cómo afectaría a las empresas andorranas este Acuerdo?
Sobre el Acuerdo, Concordia cree que ahora mismo no toca hacerlo y que ahora debemos ocuparnos del problema de la vivienda. Además, pensamos que se habría podido negociar mejor. Ahora bien, es importante hablar de aspectos positivos del Acuerdo. Uno de ellos es que las empresas andorranas podrán operar dentro del mercado interior europeo. La duda está si realmente las empresas andorranas son lo suficientemente competitivas para operar en este mercado. Otro punto positivo es que los estudiantes y otros andorranos puedan establecerse más fácilmente en los países de la UE.
Tenemos que ver cómo es la entrada, pero hay otras alternativas de acuerdo. Un ejemplo son los acuerdos de asociación que la Unión Europea ha ofrecido a Suiza. También tenían un acuerdo negociado como el nuestro, dijeron que no y se han planteado alternativas. Somos europeos y es importante formar parte de las instituciones europeas, pero sin sacrificar la calidad de vida del país.
¿Cuáles son las líneas maestras de vuestro acuerdo alternativo?
Hemos mencionado algunas ya, pero hay otros aspectos. A nivel de inmigración, el Acuerdo dice que Andorra debe fijar una cuota mínima basada en una fórmula. Depende de cómo se lea el Acuerdo esta fórmula puede querer decir un incremento del 35% en los próximos 15 años o un incremento irrisorio. Estas interpretaciones diversas son un problema. Tenemos que entender qué se ha negociado y hacer un replanteamiento.
“Hay una probabilidad muy alta de que Andorra tenga que aceptar sin más ni más las normas europeas”
En Andorra las dos principales fuerzas se están peleando por ello. ¿Esta situación no hace perder fuerza al país en la negociación con la UE?
El Gobierno nos ofreció formar parte de un pacto de Estado, como también lo ofreció a partidos extraparlamentarios. Se planteaba dos observadores escogidos entre todos. Nos proponían un observador escogido por el grupo de la mayoría y otro que teníamos que compartir con otras cinco fuerzas políticas, con quien tenemos visiones diferentes. En ningún momento hubo un planteamiento del Gobierno para ir a negociar juntos. Si hubiera existido, desde Concordia se habría aceptado. Hemos tenido el partido principal promoviendo el Acuerdo y nuestro partido pidiendo renegociarlo.
El Gobierno no está en la posición de renegociarlo y quiere llevarlo a referéndum. Si se mantiene así, ¿Concordia defendería el ‘no’?
Es así. Lo más recomendable sería directamente no votar si la opinión pública andorrana es contraria. Se publicarán en breve encuestas al respecto. Si se confirma que hay una mayoría que no quiere el Acuerdo, debería dejarse en stand by. Tácticamente, votar nos iría bien, porque se interpretaría como un ‘no’ al Gobierno. Pero en el país no nos iría bien, ya que daña la relación futura con la UE. Una cosa es pedir renegociarlo y la otra es hacer un referéndum y que los ciudadanos digan que no. Puede haber una lectura antieuropea.
Se quejan de la promoción del Acuerdo por parte del Gobierno. ¿No es lo normal mostrar las bondades de lo que ellos mismos han negociado?
El problema de la comunicación del Acuerdo es que desde el Gobierno se está publicitando el Acuerdo. No está informando, está intentando persuadir. Una cosa es describir el Acuerdo de forma neutral y la otra es intentar convencer a la gente de una posición política gastándose millones de euros. Publicaciones en la prensa, una inteligencia artificial que sólo responde cosas positivas… Existe este esfuerzo de Estado para convencer utilizando fondos públicos. El Gobierno debería ser neutral y eso no quita que DA pueda decir lo que quiera para defender su posición con los fondos del partido. Si no, se confunde partido con Estado. Aparte de eso, ¿con qué garantías democráticas vas a un referéndum sin que la gente esté informada? Eso es lo más grave.
“Existe este esfuerzo de Estado para convencer del Acuerdo utilizando fondos públicos”
¿Se está escondiendo información?
Se reflejan los puntos positivos y no los puntos negativos.
En enero el Gobierno debería multar a los establecimientos que no atiendan en catalán. ¿Se llegará a aplicar debidamente esta norma?
No tengo ninguna duda. La ley es muy clara con qué debe hacer el Gobierno en caso de no cumplirse: sancionar. Suena loco hablar de sancionar porque primero hay que persuadirlo. Pero imaginate que, en lugar de hacer multas de tráfico, informáramos. ¿Qué pasaría? La gente seguiría aparcando mal. Ocurre lo mismo con la aplicación de la Ley del catalán a los comercios. El Gobierno decía que prefería informar y la posición de Concordia fue que se tenía que cumplir la ley. Tengo confianza en que el Gobierno adaptará su posición, aunque en 20 años no se ha hecho ni una sanción. De todas maneras, con esta nueva ley cualquier persona puede llevar un caso a la justicia si el Gobierno no lo sanciona. Creo y espero que no llegaremos a esta situación.
El síndic asegura que esta legislatura será la de la despenalización del aborto, pero no de la legalización. ¿Es suficiente?
En Andorra el aborto está prohibido y penado en cualquier caso. Penado a la mujer y al médico. En parte, la situación es esta porque Andorra tiene un régimen de coprincipado parlamentario y existe la percepción de que el copríncipe episcopal dejaría su posición si aprobamos el aborto. Desde Concordia, creemos que los derechos humanos deben pasar por delante y en casos como el riesgo para la madre no debe ni haber debate. Sabemos que venimos de un régimen con siglos de antigüedad y lo queremos proteger, pero un primer paso inmediato debe ser la despenalización y un segundo paso debería ser la legalización dentro de plazos razonables.
“Un primer paso con el aborto debe ser la despenalización y un segundo paso debería ser la legalización dentro de plazos razonables”
¿El Vaticano podría poner bastones en las ruedas?
Es importante ser claros con nuestra relación con la Santa Sede y el copríncipe episcopal, y mostrar que la voluntad es ésta. A partir de ahí, encontrar los mecanismos que pueden hacerlo más fácil en las dos partes.
El FC Andorra podría tener que ir a jugar fuera del país por falta de estadio. ¿Esta carpeta debería ser un tema de Estado?
Para mí lo es. Un equipo que se llama FC Andorra debería jugar en el país, pero es verdad que no hay ninguna norma que vincule eso. Nosotros hemos sido muy críticos con el hecho de que se dieran subvenciones muy elevadas al equipo sin ningún requisito que ancore el proyecto en el país. De cara al futuro, nos va bien tener proyectos deportivos de alto nivel por el factor económico y también para las personas que viven en Andorra. El ocio, el sentido de cohesión, el fútbol base hace el proyecto extensible a las familias… Si hay una inversión fuerte por parte del Gobierno, debe asegurarse de que el proyecto crezca en el país.
