El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha hecho llegar una providencia al Ayuntamiento de Tortosa en la que le comunica la aceptación de la personación en el caso Efial como parte perjudicada y para que formule el escrito de acusación. Un escrito de acusación que se presentará en breve, el plazo finaliza el 14 de marzo, y con el que el Ayuntamiento pretende resarcir la pérdida económica que habría sufrido y que el auto judicial sitúa en 1 millón de euros. El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan; la primera teniente de alcaldía, Mar Lleixà y el segundo teniente de alcaldía, Víctor Grau, lo han explicado hoy en rueda de prensa.
Concretamente, el Ayuntamientode Tortosa, responsable de Efial y única persona procesada vinculada a la trama de Tortosa, por un delito de prevaricación administrativa continuada del artículo 404 del Código Penal y delito continuado de fraude en la contratación pública del artículo 435 del Código Penal. El Ayuntamiento le reclamará una indemnización de 1.055.130 euros como responsabilidad civil, o la cantidad que resulte de la prueba que se practique en el juicio. La pena de prisión que comporta estos delitos se sitúa entre 3 y 4 años. “La única manera de recuperar el dinero que nos han defraudado es ejerciendo la acusación particular”, ha señalado el alcalde.
El pleno del Ayuntamiento de Tortosa aprobó el pasado mes de julio personarse en el caso Efial y, en este sentido, el alcalde ha recordado que el anterior mandato municipal ya se pidió al anterior gobierno de Junts esta personación. “Si la personación hubiera tenido lugar durante las diligencias previas, este Ayuntamiento habría podido pedir más diligencias de investigación para aclarar qué pasó en Tortosa y se habrían podido ampliar el número de personas investigadas”, ha dicho Jordan.
En enero de 2023 el juez que lleva el caso concluyó las diligencias de investigación y dictó un auto en el que se afirma que el Ayuntamiento de Tortosa ha sido uno de los presuntamente perjudicados. En cuanto al escrito de acusación del ministerio fiscal sostiene que desde 2008 y hasta 2016 en el Ayuntamiento de Tortosa se sigue el mismo modus operandi que en otros ayuntamientos y la consultora Efial, a través de las actuaciones dirigidas por Antoni Martos, participa de la creación y gestión de una EPEL y se favorecen importantes beneficios para Efial a consecuencia del direccionamiento de concursos vulnerando las normas de contratación pública. Además, Efial prestaba servicios sin ningún tipo de apoyo contractual.
Uno de los contratos fraudulentos sería el de servicios para la ejecución de los trabajos de asistencia económica-financiera, contable y tributaria a la ejecución de actuaciones urbanísticas de iniciativa público-privada de GUMTSA, sociedad que presidía Meritxell Roigé. Un contrato adjudicado a Efial en 2008 por un importe de 350.000 euros, en el que se habrían vulnerado las normas de contratación pública porque GUMTSA no tenía el poder adjudicatario y porque no se garantizaron los principios de publicidad y libre concurrencia.
También se habrían vulnerado las normas de contratación en 2010 en relación con el contrato de servicios de trabajos de asistencia económica-financiera, contable y tributaria a la ejecución de actuaciones urbanísticas de iniciativa público-privada. Un contrato adjudicado a Efial a través de un procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad por importe de 390.690 euros. Además el contrato se prorrogó por un año, aumentando al doble el importe pactado, es decir, pasando a la cantidad de 781.380 euros.
En el caso de Tortosa Esport, la fiscalía considera que se produjo un fraccionamiento de contrato y no se motivó la necesidad de las contrataciones relacionadas en la contabilidad, fiscalidad y seguimiento económico-financiero. “Desde el gobierno valoramos muy positivamente que se haya aceptado la personación del Ayuntamiento como acusación particular y que se abra la posibilidad a recuperar las pérdidas que habría sufrido este Ayuntamiento”, ha explicado el alcalde, que ha insistido en la importancia de la acusación particular por parte del Ayuntamiento.
Finalmente, entre los testigos citados por la Fiscalía está la portavoz de Junts y presidenta de GUMTSA, Meritxell Roigé, en el periodo investigado y durante el cual se habrían vulnerado las normas de contratación pública y se habría perjudicado económicamente al Ayuntamiento.
