El Ayuntamiento de Tarragona aprueba las ordenanzas fiscales de 2025, marcadas por la congelación fiscal, una nueva tasa en las telefonías móviles y una tarifa social de la basura más eficiente. Sin embargo, la tarifa del agua sube para mejorar la red de alcantarillado. Como ya pasó el año pasado, Rubén Viñuales se ha vuelto a apoyar en la mayoría de los Jordis. La que representan En Comú Podem con Jordi Collado al frente y Junts bajo el liderazgo de Jordi Sendra. Además, los consejeros tránsfugas, que eran irrelevantes, también han votado a favor.
La basura divide el Pleno
Los grupos del Pleno se han vuelto a tirar la basura por la cabeza. Como es habitual, ha sido uno de los puntos que ha dividido más el Pleno, aunque no se llevaba ninguna medida de excesivo calado.
Las principales propuestas eran adaptar la tasa a la normativa europea y estatal y modificar su tarifa social para hacerla más eficiente. Tal y como explicaba la consellera de Hacienda, Isabel Mascaró, la tasa necesita cumplir el requisito de pagar en función del uso efectivo. Es decir, quien contamina paga. La opción escogida ha sido la reducción de un 5% con un máximo de 12 euros por el uso de la desechería fija. Una medida marcada por la falta del nuevo contrato de la basura. “Es el único dato objetivo e individualizado que tenemos ahora mismo. Una vez entre en vigor el nuevo contrato, podremos tener datos de cada tarraconense y ya aplicaremos un sistema avanzado de pago”, afirma Mascaró.
La votación ha contado con el apoyo de socialistas, ECP, Junts y los no adscritos, mientras que ERC, PP y VOX se han opuesto por varias razones.
Los populares han dirigido su crítica a la nueva tarifa social, que consideran que podría dejar fuera a varias familias. “Ahora la tarifa irá dirigida a quien tiene el Ingreso Mínimo Vital o renta garantizada. Hay personas que no tienen ninguna de las dos cosas. Creemos que pueden quedar personas fuera de esta aplicación. Por muy farragoso que sea, hay que mantener también el actual sistema”, recalca Maria Mercè Martorell. Por el contrario, Mascaró asegura que este criterio es “el más representativo de la exclusión social” y Viñuales subraya que estudiarán todos los casos concretos. Además, tienen previsto que la tarifa pase a aplicarse de 80 personas a 3.000.
Los republicanos han disparado contra el 5% de descuento, que califican de “pantomima”. “La ley prevé fomentar el buen uso, ¿qué incentivo tiene coger el coche e ir hasta Riuclar?”, se pregunta el conseller Jordi Fortuny. Tanto Mascaró como Viñuales han reprochado el tono de Esquerra y han recordado que la falta de datos para tener un sistema más avanzado es culpa de la falta de contrato. “Si nos hubiéramos encontrado el contrato en marcha, habríamos podido hablar de sistemas más avanzados”, ha apostillado Mascaró, que también ha sacado pecho de la puesta en marcha de la tarifa social.
En Comú Podem también ha lamentado la falta del nuevo contrato y ha celebrado el acuerdo con el gobierno municipal para invertir en maquinaria. La coalición progresista ha pactado con los socialistas que los dos millones de euros previstos para renovar la maquinaria se inviertan igualmente con independencia de si está en marcha el nuevo contrato.
Por su parte, VOX ha acusado la tasa de “fanatismo climático” y ha definido el 5% como “muelles”.
‘Nova’ tasa por las telefonías móviles
El Pleno también ha votado recuperar la tasa por el uso de suelo, subsol y vuelo del dominio público municipal de las telefonías móviles. Esta tasa ya se aprobó en 2008, pero una sentencia en 2013 la dejó inaplicable. Ahora lo han adaptado a estas consideraciones con los votos del PSC, Junts, ECP, ERC y los no adscritos. El Partido Popular se ha abstenido porque ve “complicada” su aplicación y VOX se ha quedado solo en el voto en contra.
Los juntaires han reivindicado la propuesta, que ya la llevaban en campaña, y han pedido trabajar para reducir el cableado en las fachadas. Los republicanos también han reclamado “una guerra contra el cableado aéreo”, mientras que el socialista Nacho García ha afirmado que el gobierno ya está trabajando en ello.
Finalmente, Jordi Collado ha subrayado que “deben buscar alternativas para que estas empresas paguen” y considera que la tasa es una buena medida para mejorar “la infrafinanciación municipal”. Además, celebra que se haya pedido recaudar la tasa de cruceros. “La gente que pasa por aquí tiene que dejar algo en la ciudad y eso nos va a permitir bajar la presión fiscal a los ciudadanos y mejorar servicios”, señala.
Subida del agua para mejorar el alcantarillado
El agua ha sido el otro tema que ha enfrentado a los dos principales grupos del consistorio. Por un lado, se llevaba al Pleno dar luz verde a utilizar agua no potable para la limpieza y el riego. Una medida que ha creado consenso en casi todos los partidos, pero que ha recibido críticas de Esquerra. Los republicanos insistían en un estudio previo para conocer el impacto de la acción y ha decidido abstenerse.
El gran debate se ha creado a partir de la subida de la tarifa del agua. El incremento de Ematsa sería entre los 0,88 y 2,79 euros durante los próximos ocho años para sufragar el gasto de la mejora del alcantarillado. El vicepresidente de Ematsa, Nacho García, ha recalcado que se trata de una subida que no generará beneficios, sino que irá directamente dirigida a un Plan Renovación de la Red de Alcantarillado “muy ambicioso”. Con todo, ERC, PP y VOX se han opuesto.
Los republicanos consideran que las obras deben hacerse, pero creen que “se ha trabajado poco la fórmula de pago” y que no debería recaer en la ciudadanía. Rubén Viñuales, que también es presidente de la compañía de aguas, ha apuntado que los estudios afirman que es “obligatorio” imputarlo a la tarifa y ha puesto en valor la importancia de la obra. El alcalde ha sacado incluso un mapa de la ciudad, donde se podían ver dibujadas las redes donde deben actuar “de urgencia”. Una acción que avisa de que también generará más seguridad ante posibles afectaciones en la vía pública.
