El 17 de junio de 2023, los socialistas regresaban al Ayuntamiento de Tarragona. Con una holgada victoria y sin mayorías alternativas al pleno, recuperaban la vara sin sustos de última hora. Rubén Viñuales era el encargado de coger las riendas del consistorio, donde lleva dos años en los que las ha visto de todos colores. Sin embargo, la sorpresa es que los débiles equilibrios del Pleno no le han fallado todavía. De hecho, no sabe lo que es perder una votación y continuará hasta 2027 con 9 de 27 concejales.
El mandato llega a su ecuador con algunas certezas y varias dudas sobre cuestiones primordiales para la ciudad. Se trata, además, de dos ámbitos que ya coparon la anterior campaña electoral y ahora se corre el riesgo de arrastrarlo hasta las próximas elecciones. La limpieza, inmersa en una telaraña judicial, y el POUM, donde todavía toca negociar seriamente. En cambio, la nota positiva la aportan los 21 millones de euros ligados por la Tabacalera o la ejecución de los fondos Next Generation.
El contrato de limpieza y la basura se ha convertido en el mal endémico de la ciudad. El gobierno Viñuales pudo sacar adelante el concurso que en el anterior mandato había quedado desierto, pero los recursos cruzados entre empresas lo han enfangado todo. No pudieron adjudicar a la ganadora del concurso, GBI Paprec, porque el Tribunal de Contratos la expulsó por incumplir el pliego de condiciones. Un problema que también tenían las otras dos empresas que se habían presentado. Con todo, la decisión fue proceder a adjudicar a la segunda clasificada.
De nuevo, tampoco pudieron adjudicar a Urbaser -la segunda clasificada- por los recursos de GBI Paprec y FCC que aún están pendientes de resolver por el propio Tribunal de Contratos. Su dictamen será clave para saber si la ciudad puede girar hoja o alarga esta agonía. En todo este periplo, Viñuales se ha excusado en la decisión unánime de los técnicos, que consideran que están actuando como toca; mientras que la oposición no ha dudado en hacer sangre de este tema. Es más, la adjudicación a Urbaser se tuvo que hacer sólo con la abstención del PP y los votos a favor del PSC, Junts y los dos no adscritos. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento prevén que próximamente se pueda adjudicar sin problemas.
En paralelo, el gobierno ha estrenado el proyecto del ‘Pam a Pam’ para hacer pequeñas actuaciones en la vía pública y limpieza intensiva por barrios. El plan, sin embargo, parece que no ha terminado de cuajar entre los vecinos.
En cuanto al Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM), los problemas son otros. Con las conversaciones todavía en las becerras y esperando algunos informes técnicos, los partidos se enrocan en sus posiciones. Levante es el gran obstáculo con dos visiones marcadas. La de Esquerra y En Comú Podem, que defienden a ultranza el anillo verde y quieren reducir la edificación a Levante a la mínima expresión. Y la de las formaciones de derechas, que, en diferentes modalidades, apuestan por crecer por Levante sin ataduras. De hecho, el PP ya ha anunciado que es imposible que voten a favor de este POUM, mientras que Junts fraguó la bandera de Mas d’en Sorder, Terres Cavades y la budallereta. Luchas que compra también el PSC. La duda es si podrán encontrar el consenso en una cuestión tan trascendental mientras todos los grupos pendientes de marcar perfil para 2027.
Ligado al POUM está el proyecto de la estación de Horta Gran. Los movimientos para que se convierta en la estación intermodal del territorio han provocado el primer choque en el Grupo Impulsor del Área Metropolitana. Su contraposición con la estación que está proyectada en el término municipal de Vila-seca ha hecho que su alcalde saltara de los grupos de trabajo metropolitanos y, hasta ahora, no ha vuelto. Las resoluciones del Ministerio a las alegaciones que ha presentado Tarragona será el próximo obstáculo que se tendrá que salvar, sea poniendo paz entre ambas localidades o avivando la llama del conflicto.
Tarragona considera que la estación intermodal de Vila-seca les perjudica y teme “repetir el error” que se cometió con la estación del Camp: una infraestructura “en medio de la nada”. Los tarraconenses creen que la intermodal del territorio debe acercarse al grueso de los usuarios, situados en la capital, y subrayan el crecimiento que debe vivir la zona del Francolí. Sin embargo, la opción de Huerta Grande es una vía a medio y largo plazo y con un coste aún por determinar.
Una de las grandes promesas electorales de los socialistas eran volver a llenar de vida espacios vacíos como la Tabacelera. La tarea, de momento, progresa adecuadamente. En el primer encuentro con el presidente Illa se desencalló la llegada del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Posteriormente, se lanzó el aterrizaje de la universidad EUSES en el almacén 5 para ofrecer estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE). Y la última noticia ha sido la confirmación de que la Diputación trasladará el conservatorio. A la espera queda la joya de la corona del proyecto en La Tabacalera: la biblioteca provincial. Aunque parece encarrilada, todavía hay silencios a la hora de confirmarla oficialmente.
Con la mirada también en Madrid, en la vertiente turística Tarragona está intentando conseguir un paradero nacional, tras pedirlo oficialmente al FITUR de este año. Además, la feria también sirvió para hablar abiertamente de la llegada del Tour 2026 a la ciudad, acogiendo una salida de etapa que centrará las miradas de todo el mundo.
Si hablamos de inversiones, la ejecución de los fondos Next Generation serán a partir de ahora una palanca de transformación en la ciudad. Estos proyectos, acordados el anterior mandato, ponen punto final a déficits que arrastraba la ciudad. El “mamotreto” ya es historia y la Ciudad Residencial abrirá de nuevo como un albergue, con todavía algunas reticencias de sus vecinos. Además, los fondos europeos transformarán el Foro de la Colonia o renaturalizarán las principales playas y el río Francolí.
La movilidad se ha convertido en una piedra en el zapato inesperado. Los colores de las plazas de aparcamiento han estado a la orden del día, con varios cambios por las quejas de los vecinos. Uno de los puntos más conflictivos ha sido el de Joan XXIII, donde el Ayuntamiento ha pagado los platos rotos de una obra de ampliación del hospital mal planificada. La actuación que impulsa el departamento de Salud ha dejado a los trabajadores sin su aparcamiento y ha tensado la disponibilidad de espacios para estacionar los vehículos. Las decisiones para intentar paliar el conflicto no han sido del todo bien calibradas y han tenido que estar acompañadas de rectificaciones.
La Parte Alta también se ha visto afectada por cambios en las lloviznas, que ya se han resuelto, o el precio del parking Torroja, que ya cuesta 1 euro a los residentes.
Si nos centramos en la movilidad compartida, se ha puesto en marcha el intercambiador de Battestini, se ha aprobado la nueva Zona de Bajas Emisiones, se mantienen las tarifas rebajadas y se ha renovado parte de la flota. En cambio, la promesa del bus gratuito continúa en un cajón y parece que no tendrá salida.
A pesar de los encontronazos entre los grupos, la ordenanza de terrazas ha alcanzado un consenso casi inédito. Únicamente la concejala de VOX votó en contra en un pleno donde se puso en valor la figura de Montse Adan. La normativa deja clara las normas del juego para los restauradores, permite sancionar, y sobre todo pone el acento en el descanso de los vecinos. La prueba de fuego llegará ahora, cuando se tendrá que empezar a aplicar y se observará si las medidas tienen el efecto deseado.
El mandato también ha sufrido un cambio en el Palau de la Generalitat. Entre las iniciativas del nuevo Gobierno de Illa, una de las más sonadas ha sido el Plan 50.000, que prevé la construcción de este número de viviendas hasta 2030. Tarragona ha sido la localidad de toda la provincia que más solares ha presentado al plan. En total, se trata de nueve espacios de Poniente hasta Levante donde se podrán hacer 827 viviendas. Estos se suman a los 192 del PP10 que ya están en marcha.
Además, el ejecutivo socialista revive la famosa Ley de Barrios, de la que Campclar y la Parte Alta se beneficiaron durante el tripartito. El Ayuntamiento ya tiene decidido que presentará la Parte Baja, que además tiene elaborado un plan integral. Si hay opciones, en una futura segunda convocatoria apostarían por San Salvador.
Si ponemos la mirada a la oposición, la situación de cada grupo puede hacer sufrir un poco más al alcalde de cara a conservar los equilibrios que han funcionado hasta ahora. Las sumas ya tienen cierto riesgo, pero en este segundo tramo el alcalde tendrá que buscar apoyo en unas mayorías endiables y con los partidos calibrando efectos electorales.
Esquerra, segunda fuerza en el consistorio, aprobó los presupuestos de 2024, pero las relaciones entre republicanos y socialistas han mantenido la tónica de los últimos años. A esto se le suma las batallas internas, que a buen seguro influirán en el tono del grupo municipal. Su portavoz adjunto, Xavi Puig, se verá las caras con el expresidente del Puerto y junquerista, Saül Garreta, para ser el cabeza de lista en 2027.
El Partido Popular probablemente mantendrá la confianza en Maria Mercè Martorell, que hizo crecer como la espuma su partido en las pasadas elecciones municipales. Los populares, al contrario de la época de Ballesteros, no han tenido mucha predisposición a encontrar el entendimiento con los socialistas y han optado por una oposición dura. Con todo, han dado aire a Viñuales con abstenciones en muchas votaciones.
En cuanto a Junts, el grupo ha saltado por los aires tras declinar la opción de entrar en gobierno. Los posconvergentes estuvieron dos años pidiendo la coalición, pero las interferencias de Bruselas y Barcelona hicieron perder cobertura al pacto. El resultado ha sido la marcha de Elvira Vidal del grupo y su paso como consellera no adscrita. Un hecho que obliga a Viñuales a sumar un nuevo actor para negociar. De cara a 2027, Jordi Sendra quiere optar a un segundo mandato.
La apuesta de En Comú Podem ha sido la del radicalismo pragmático, dando la mano a Viñuales en la subida de impuestos o los dos presupuestos, al tiempo que marcaba un perfil más alternativo en la llegada de la universidad EUSES, la movilidad, el urbanismo o el traslado de la Laboral. Habrá que ver si el pragmatismo se difumina a medida que se acercan las elecciones o mantiene una línea similar.
Finalmente, VOX explotó a principios de mandato, con la marcha de su portavoz y otro conseller al grupo de no adscritos. Ambos han sido en algunas votaciones un seguro para Viñuales, mientras la única concejala voxaire está más bien desubicada en el pleno.
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