Tras la decisión del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público de excluir gBI Paprec —la ganadora del concurso— del nuevo contrato del servicio de limpieza y de recogida de residuos de la ciudad de Tarragona, el Ayuntamiento se podrá ver obligado a volver a licitar, por cuarta vez, el contrato.
El motivo es que la decisión del Tribunal no ha implicado sólo excluir a la empresa francesa del concurso, sino también al resto de empresas licitadoras, como son Urbaser y FCC, que quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente, en la clasificación final de cara a la adjudicación.
En el texto, el tribunal insta al Ayuntamiento de Tarragona a “garantizar los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia” a las empresas licitadoras, indicando que, tal y como pedía Urbaser en su recurso, GBI Paprec no cumplía con algunas de las condiciones del pliego del contrato.
Pero el tribunal también ha confirmado que el resto de empresas licitadoras, en este caso la misma recurrente, Urbaser; y FCC, también incumplen algunas condiciones de dicho contrato, y por tanto, si GBI Paprec es excluida de la licitación, también deben serlo Urbaser y FCC. De esta manera, la licitación del contrato de la basura de Tarragona vuelve a quedarse sin licitadoras, ya que una cuarta empresa formada por Valoriza y Romero Polo se quedó fuera del contrato por no cumplir con los requisitos mínimos.
En el documento, el Tribunal es duro con los técnicos del Ayuntamiento y les acusa de actuar sin “ajustarse al derecho”, otorgando el contrato sabiendo que todas las candidaturas incumplían condiciones del pliego. “Detectó que todas las ofertas presentadas contenían defectos respecto de los elementos definidos como mínimos en el Pliego de Condiciones Técnicas”, asegura el Tribunal, que lamenta que no se excluyera a ninguna empresa del proceso.
Por lo tanto, y siguiendo el principio “Reformatio in peius” que permite que la resolución judicial empeore la situación también para el recurrente —en este caso, Urbaser, que pasa de quedar segunda en el concurso a quedar excluida—, la decisión del Tribunal podría obligar al Ayuntamiento a volver a licitar el contrato por cuarta vez.
Se trata del contrato más grande de la historia del Ayuntamiento, implicando un gasto de unos 233 millones de euros en los próximos 10 años, y el Vía Crucis administrativo para otorgarlo volverá a alargarse una vez más, desde que se inició el camino en el año 2022, con el anterior gobierno de Pau Ricomà.
