La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 46 personas en diferentes puntos del territorio estatal, una en Barcelona y otra en Tarragona, en un operativo para desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado más de 100 millones de euros en concepto de IVA en la comercialización de hidrocarburos.
Según el parte policial, se dedicaban a vender grandes cantidades de producto a un precio inferior en el mercado y un empleado de banca se encargaba de abrir cuentas a nombre de testaferros para desviar los beneficios. La operación en contra del grupo, con base en Sevilla, investiga también una treintena de sociedades y ha permitido bloquear cien cuentas bancarias así como embargar 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama.
Los investigadores comenzaron a estirar el hilo en el año 2023 tras conocer que varias corporaciones del sector de los hidrocarburos con domicilio social en Sevilla habrían defraudado grandes cantidades de dinero tras no haber liquidado el IVA correspondiente. Según constataron, detrás de la trama empresarial se ocultaría una “organización criminal”. Tras meses de investigación y control de las actividades de los principales sospechosos encontraron suficientes indicios sobre esta estructura, liderada por un clan familiar de Sevilla. Con el apoyo del grupo creaban entramados societarios por cada uno de los ejercicios fiscales para cometer el fraude.
Según la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, el funcionamiento se repetía en el tiempo. La organización, aseguran, se beneficiaba de las brechas normativas que regulan la comercialización de hidrocarburos para constituir entramados societarios, a partir de testaferros que actuaban como administradores de las empresas en cada uno de los ejercicios fiscales investigados, desde 2019 a 2023. Estas estructuras abarcaban prácticamente todo el territorio estatal, lo que permitía abastecer a pequeños comerciantes de diferentes puntos. Las principales oficinas de gestión de las ventas se encontraban en Barcelona y Jerez de la Frontera.
Los beneficios apuntan, eran desviados por un empleado de banca a quien habían captado para que abriera cuentas bancarias a nombres de testaferros. Esta misma persona habría asesorado también a la cúpula de la organización sobre posibilidades de financiación, fondos existentes, la necesidad de abrir cuentas fraudulentas en diferentes sociedades y las posibilidades de financiar para evitar las alertas del sistema de prevención de blanqueo de capitales.
La actividad del grupo habría incrementado en los últimos meses de la investigación a raíz de la entrada en vigor de un real decreto que prohíbe la venta entre distribuidores de carburantes al por menor, lo que obligaba a reorganizar la actividad. La evasión fiscal, precisa el parte policial, también permitía al grupo ofrecer precios de mercado muy bajos, generando competencia desleal y acaparando el mercado.
Parte de los beneficios eran blanqueados mediante la inversión en criptomonedas y la adquisición de empresas del sector sanitario, hotelero, restauración y clubes náuticos. También habrían destinado una parte a adquirir viviendas, vehículos de alta gama, viajes de lujo y joyas. Con el procedimiento judicial en fase de instrucción, la cifra conocida hasta el momento supera los 100 millones de euros, pero podría aumentar.
El 19 de febrero pasado el juez instructor autorizó dieciséis allanamientos en viviendas y oficinas de Sevilla, Algeciras, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Granada, Barcelona y Tarragona. El mismo día acordó el embargo de los bienes: 25 casas, tres embarcaciones y el bloqueo de 100 de las 500 cuentas bancarias analizadas, con nueve millones de euros. En las entradas se intervinieron también 300.000 euros y seis vehículos de alta gama.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
