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El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) alerta “de efectos negativos” para el vecindario si el Ayuntamiento de Barcelona modifica la medida del 30% de vivienda protegida tal y como la planteó hace unos meses. Según un estudio publicado este miércoles por IDRA, la modificación propuesta por el gobierno municipal implicaría renunciar a un total de 18.827 viviendas de protección oficial (HPO) potenciales si se tira adelante. La propuesta de modificación, alertan, reduciría “sólo” el impacto de la medida e implicaría que el número de edificios afectados pasen de 3.909 a sólo 95, “una reducción drástica que deja la mayor parte de las viviendas exentas” de la obligación de reservar una parte para vivienda protegida.
Esto pasaría, según el estudio, porque los cambios propuestos este 2024 contemplan “la exención de la mayoría de grandes rehabilitaciones; la periferización de la vivienda protegida; y el desplazamiento de la obligatoriedad de promover vivienda de protección oficial por medio de la incorporación de una promotora social”. La modificación propuesta, dicen desde IDRA, generaría una ganancia “extraordinaria” a los inversores abriendo la puerta a la especulación y aumentaría el riesgo de expulsión del vecindario.
En el estudio, los autores hacen una estimación del número de edificios sujetos a la medida del 30%. Según calculan, serían 3.909 edificios residenciales con 62.756 viviendas registradas. Por lo tanto, estiman que la medida del 30% ofrece un número de HPO potenciales de 18.827.
Por el contrario, estiman que en el escenario de que se eliminaran los edificios residenciales con el destino parcial de vivienda protegida y quedan sólo las transformaciones de oficinas e industrias en vivienda los edificios afectados serían sólo 95, con 983 HPO.
De momento, la modificación planteada por el gobierno municipal en junio pasado se encuentra parada y el gobierno la ha retrasado hasta 2025, cuando plantea recuperar la propuesta y llevarla cuando haya suficiente consenso y cuenten con los apoyos necesarios.
Defienden mantener la medida actual
IDRA defiende mantener la medida del 30% sin modificaciones para valorar su impacto “en un ciclo largo” y citan el caso de París como ejemplo a seguir, ya que “encontró resistencias y tuvo resultados escasos en los primeros años, pero a medio plazo ha demostrado ser efectiva”. El estudio apunta que en la capital francesa el crecimiento de viviendas sociales entre 2006 (inicio de la medida) y 2017 es del 101%, con 2.950 viviendas sociales creadas en este periodo. Tanto es así, subrayan, que se ha elevado a 50% la reserva destinada a vivienda social.
Además, el estudio de IDRA indica que la medida del 30% en Barcelona solo hace tres años que funciona. “La aplicación de una moratoria impulsó una avalancha de licencias antes de la entrada en vigor de la medida, y ello permitió la aprobación de 7.509 viviendas sin la reserva del 30%, lo que anula el efecto de la medida en los primeros años de aplicación (2019-2020)”, aseguran.
Por otro lado, también denuncian que ha habido un “fraude importante” a través de los permisos de obra menor. Teniendo en cuenta el número de licencias otorgadas, calculan, se debería haber obtenido una cifra mayor de HPO. En este sentido, recomiendan mejorar la seguridad jurídica y el control del fraude evitando el fraccionamiento de partes de obras y garantizar la colaboración de la Administración para evitar la retención de viviendas. Además, también instan a aplicar sanciones efectivas por incumplimiento, incrementando la capacidad sancionadora del Ayuntamiento.
Por otro lado, aseguran que la expectativa de que la norma será modificada ha paralizado la salida de nuevos HPO. “Los promotores de al menos 9 edificios están dilatando el trámite de licencia de obra desde hace dos años con la expectativa de conseguir no destinar 38 viviendas protegidas gracias a la modificación de la medida del 30%”, dice IDRA.
El análisis realizado también propone ampliar la medida en zonas de “hiperdéficito” de vivienda asequible, siguiendo el ejemplo de París, y regularizar el techo disconforme con fines sociales, permitiendo su conservación siempre que se destine íntegramente a vivienda de protección pública.
Beneficios de la medida actual
El estudio pone de manifiesto que la Medición del 30% tiene beneficios “que hasta ahora no se habían evaluado”. Entre ellos, asegura que funciona como “un dique de contención que desincentiva las prácticas especulativas e impide expulsiones masivas de inquilinos”.
Otro beneficio que señalan los autores del informe es la ampliación del parque de vivienda asequible. Estiman que a largo plazo, la medida tiene el potencial de incorporar hasta 18.827 nuevas viviendas protegidas en zonas consolidadas, como Eixample o Gràcia, “rompiendo la dinámica de ubicar la vivienda protegida en la periferia”.
Además, destacan que casi 9 de cada 10 de los edificios afectados por la medida están en manos de grandes tenedores, lo que promueve una “redistribución de la riqueza”. Al mismo tiempo, creen que la medida actúa como un mecanismo de contención y propicia una bajada del precio del suelo de hasta el 24,97% en toda la ciudad, “frenando la escalada de precios y facilitando la adquisición de suelo por parte del Ayuntamiento, promotores sociales y cooperativas”.
Según IDRA, los datos cuestionan la principal crítica a la medida, que es que paraliza la producción de vivienda nueva y asequible. “La producción de vivienda en la ciudad crece. Durante el primer semestre de 2024, se ha multiplicado por más de cinco respecto al año anterior, hasta 1.273 viviendas“, afirman. De acuerdo con el estudio, Barcelona ha obtenido 144 viviendas protegidas a través de la medida del 30% en el periodo de aplicación real (2021-2023).
