La Generalitat ha otorgado a los ayuntamientos una responsabilidad de enorme importancia: decidir qué piscinas podrán abrir este próximo verano. Ahora bien, ¿bajo qué premisa podrán decidir si una piscina, sea pública o privada, puede abrir?
La respuesta es sencilla: si la piscina tiene la catalogación de refugio climático podrá abrir, un hecho que a pesar de dar esa plena autonomía a los ayuntamientos les deja en una posición bastante compleja y, desde el grupo de consistorios que forman el Arco Metropolitano afirman que “se les traslada una responsabilidad que no les corresponde“.
¿Qué quiere decir refugio climático?
Para que una piscina se pueda considerar refugio climático, y, por lo tanto, tenga autorización para poder llenarse, deberá ser considerado un equipamiento que permita reducir el efecto de calor entre la ciudadanía. En consecuencia, aquellas piscinas que no tengan esta catalogación y no formen parte del censo que elabore cada consistorio no estarán autorizadas a abrir.
Así pues, la etiqueta de refugio climático no dependerá de la titularidad de la piscina, es decir, de si es pública o privada, sino que las piscinas que cumplan con la condición de refugio climático se podrán llenar o rellenar con el fin de ser utilizadas y garantizar la calidad del agua. No obstante, hay que añadir que aquellas piscinas que se encuentren vacías del todo únicamente podrán ser rellenadas con agua salada.
Una responsabilidad que “no debería corresponder a los ayuntamientos”
En un comunicado de los municipios que configuran el Arco Metropolitano, entre los que se están Sabadell, Terrassa o Mataró, reprochan al Gobierno que les traslade la potestad de elaborar el censo y controlar la apertura de piscinas privadas a la ciudadanía. En este comunicado, a pesar de mostrarse satisfechos por la flexibilización de las medidas por la sequía, consideran que “arriba tarde y de manera desafortunada por la forma y el fondo”.
Asimismo, expresan que no deberían ser los consistorios quienes asuman un control de uso de las piscinas privadas, ya que supone pasar la presión a los ayuntamientos y a los propietarios de las piscinas.
Además, desde el Arco Metropolitano apuntan que es “completamente ingestionable“ que las comunidades de propietarios y las piscinas privadas se conviertan en refugios climáticos para que el público acceda a ellas, porque “las instalaciones de esta tipología. deben cumplir normativas y controles rigurosos, a las que hay que sumar aspectos relacionados con la seguridad y la responsabilidad civil“.
