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El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, ha propuesto a los empresarios y sindicatos bonificaciones por las micropymes que reduzcan la parcialidad incentivando la conversión de los contratos a tiempos parciales –muy utilizados en sectores como el comercio y la hostelería– a empleos a tiempo completo.
Este es uno de los puntos del plan de acompañamiento a las empresas de menos de 10 trabajadores para hacer posible una reducción de jornada “íntegra” a las 37,5 horas que ha detallado el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión con los agentes sociales. Además, Rey ha anunciado que el Ministerio ha convocado a un grupo de expertos para elaborar un reglamento para implementar un registro horario que sea accesible por la Inspección de Trabajo.
Pérez Rey ha defendido las bonificaciones por las micropymes, pero no ha entrado en detalle antes de “nutrirse de las aportaciones de empresas y sindicatos”. Sí ha asegurado que este plan para micropymes “supondrá un gran estímulo y una ocasión para mejorar la calidad de los empleos y ganar productividad“, ha dicho.
El secretario de Estado ha afirmado que el plan contará con bonificaciones para las empresas que contraten de forma indefinida para hacer cumplir la reducción de jornada y también incentivos a los que transformen contratos parciales en indefinidos que surjan como consecuencia de la rebaja del tiempo de trabajo a las 37,5 horas. También se reforzará el asesoramiento, se harán guías sectoriales y se dará acceso a los centros de formación y emprendimiento de los servicios de empleo para ayudar a formar a las pymes que tengan dificultades a la hora de reducir la jornada de sus trabajadores.
En cuanto al control horario, el gobierno trabaja en una propuesta de registro “electrónico, que no sea fácilmente manipulable e interoperable por la Inspección de Trabajo” y que, al mismo tiempo, tenga en cuenta las particularidades sectoriales. Según el secretario de Estado, el Ministerio reforzará el control horario aunque no saque adelante la reducción de la jornada y ha incidido en la necesidad de que las sanciones por incumplimiento del tiempo de trabajo se incrementen y se apliquen por trabajador y no por empresa.
Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el acuerdo para reducir la jornada a 37,5 horas es posible en la mesa de diálogo social “por muy difícil que sea el contexto negociador”. “No contemplamos de ninguna manera que la medida de 37,5 horas no se apruebe”, ha afirmado el número dos de Díaz. Pérez Rey ha recordado que la reforma laboral se cerró con un acuerdo in extremis antes de Navidad.
A la salida de la reunión, los sindicatos han afirmado que desconocen la existencia de este grupo de expertos que debe reformar el control horario y asegurar el cumplimiento de la jornada de 37,5 en 2025. “El grupo llega tarde, la situación no se puede tolerar, se debe implantar ya un registro que impida el abuso de las horas extras”, ha afirmado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.
Los representantes sindicales han asegurado que la reunión ha terminado sin avances positivos y han lamentado que la negociación continúe en el mismo lugar donde estaba nueve meses después. “No ha habido avances en nada, las posiciones patronales y sindicales siguen siendo las mismas. Para nosotros, la jornada debe reducirse por ley y es un objetivo irrenunciable”, ha afirmado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO.
A su vez, la CEOE sigue manteniendo que está en contra de una modificación legal del tiempo de trabajo porque considera que se debe abordar directamente vía negociación colectiva. El secretario de Estado ha apresurado a la patronal a “hacerlo saber” si proponen medidas adicionales de apoyo o estímulo a la pequeña empresa para ir por el camino de la reducción de jornada.
