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Plataforma per la Llengua, en un comunicado de prensa, reclama reformar la Ley orgánica del poder judicial (LOPJ) para impulsar el uso del catalán en la justicia y denuncia que, a pesar de todo, la normativa actual tampoco se cumple.
Durante 2023, 8 de cada 10 peticiones para recibir la documentación de los procesos judiciales en catalán (concretamente, el 79,16 %) fueron desatendidas, y los solicitantes recibieron la documentación en castellano.
Son datos del informe de indicadores de los servicios lingüísticos del ámbito judicial del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que también explica que, al revés, cuando se pide la documentación en castellano, la petición se satisface casi al 100 %: sólo el 1,84 % de estas solicitudes fueron desatendidas en 2023.
Los datos también revelan que las peticiones se satisfizo aún menos que en el año anterior y que, al mismo tiempo, las peticiones para recibir la documentación en catalán también cayeron.
PÉSIMA SITUACIÓN DEL CATALÁN EN LA JUSTICIA
El derecho de opción lingüística, así como el derecho de «recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada», son derechos reconocidos en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Sin embargo, los juzgados, que son quienes debería velar más para que los derechos se garantizaran, no sólo no los garantizan, sino que cuando incumplen las peticiones de los ciudadanos también les desincentivan de seguir reclamando estos derechos.
Eso, y la abrumadora presencia del castellano en la justicia, contribuyen a explicar que este 2023 también cayeran las peticiones para recibir la documentación en catalán: sólo se pidieron en catalán el 8,08 % de las solicitudes, cuando el año anterior se habían solicitado el 9,91 %, y en 2021, el 14,71 %. Para Plataforma per la Llengua, es un círculo vicioso que debe romperse con unas políticas lingüísticas transformadoras que no sólo garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la justicia, sino que sirvan para divulgar estos derechos entre toda la ciudadanía y aspiren a normalizar el uso de la lengua en el ámbito judicial.
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL SE SALTA EL CATALÁN
La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 231, da al juez la potestad de elegir la lengua oficial del procedimiento y sólo lo fuerza a cambiar si una parte exige que se haga en castellano alegando «indefensión».
El Comité de Expertos del Consejo de Europa dedicado a analizar el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM) ya ha reprobado en algunos informes al Estado español por diferentes incumplimientos, y le ha recomendado que «modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurar el uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos judiciales, cuando una parte lo pida». Plataforma per la Llengua hace años que lo reclama, porque la redacción actual del artículo 231 comporta que la lengua de las actuaciones judiciales sea, por defecto, el castellano, una provisión que desprecia el principio de igualdad de las lenguas oficiales.
En cualquier caso, el redactado discriminatorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial tampoco debería impedir que, como mínimo, se hagan las notificaciones a cada parte en la lengua oficial que haya elegido: es perfectamente constitucional, y tampoco se garantiza.
Para poner fin a esta discriminación flagrante, por Plataforma per la Llengua, habría que incorporar un requisito lingüístico para los trabajadores que se incorporan a la Administración de justicia.
El requisito debería tenerse en cuenta también en el régimen de selección y de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios, en la designación de magistrados suplentes, en el otorgamiento de comisiones de servicios de jueces y magistrados, en la provisión de vacantes de magistrado y en las oposiciones y los concursos para cubrir vacantes de la administración de justicia.
