El Consejo de la Abogacía Catalana propone jueces “itinerantes” para evitar la centralización de los juzgados de violencia contra las mujeres.
Esta es la propuesta alternativa que plantean después de que el Departamento de Justicia hiciera público el informe ‘Análisis y actualización de la demarcación y planta judicial en Cataluña: propuesta de modificación de las demarcaciones de los juzgados de violencia sobre la mujer’.
El estudio prevé que una decena de ciudades del área de Barcelona y Tarragona se queden sin este servicio.
Los abogados confían en que el nuevo Gobierno descarte el proyecto y se mantengan los juzgados mixtos para que éstos continúen asumiendo casos de violencia de género, ya que consideran que su centralización perjudicará a las víctimas.
La presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana y decana de Tortosa, Marta Martínez, pide que se mantengan los juzgados mixtos en los partidos judiciales de todo el país y rechaza frontalmente la propuesta del Departamento, que propone fusionar estos juzgados.
“En todo caso, la especialización debería ser con jueces itinerantes o que se invierta más dinero -en los juzgados- aunque haya menos ciudadanía, como ciudadana del Ebro tengo derecho a tener una especialización igual que el ciudadano de El Vendrell; no hay catalanes de primera ni de segunda, y nos sentimos de segunda”, manifiesta en una entrevista a la ACN.
En el informe, los técnicos defienden que el proyecto de modificación de los juzgados de violencia sobre la mujer (VIDO) implica un debate entre proximidad y especialización.
Admiten que la reforma supondría la asunción de más cargas de trabajo vinculadas en este ámbito por parte de juzgados “probablemente más alejados físicamente de la población destinataria”, pero, en cambio, argumentan que “se ofrecería la posibilidad de ganancias” en términos de especialización y de calidad del servicio.
En el caso del Camp de Tarragona, ahora mismo, el partido judicial de Tarragona dispone de un juzgado especializado en VIDO.
En cuanto al partido judicial de Valls no dispone de ninguno y todos los casos de violencia machistas los asume el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 1.
Con la aplicación de la medida, estos asuntos los asumirán los juzgados del Tarragona y el de El Vendrell, que también dispone de uno especializado en VIDO.
“La jueza de El Vendrell está especializada en familia, como los números son buenos y no está colapsado como el de Valls, los asuntos de Valls pasarán a El Vendrell, eso supone desplazamientos de los abogados, de las familias, y los chiquillos a 40 kilómetros, las declaraciones no se hacen en una hora, ya que existe la intervención de médicos forenses, de fiscales, de los jueces, de los letrados, etc.”, lamenta Martínez.
Por ello, argumenta que dificulta el proceso de denunciar de las víctimas: “La mujer es la más desfavorecida, en capacidad económica y en desplazamientos, cuando se trata de violencia, de denunciar a tu pareja, cuesta mucho denunciar”.
En el caso de Les Terres de l’Ebre, la presidenta de la Abogacía Catalana explica que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Maria Barrientos, les aseguró que no modificarían la distribución de los juzgados estadounidenses.
“Hay demasiado espacio de tiempo, demasiado mala comunicación entre los diferentes partidos judiciales, por lo que, me dijo que no lo tocarán, continuarán dentro de los juzgados mixtos, pero no les gustan, quieren la especialización. Con todo, no somos lo suficientemente ciudadanos para invertir y hacer juzgados de familia o especializados como pasa en Barcelona”, subraya.
Si prospera la medida, implicaría que los juzgados de ciudades como Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès o Valls dejarían de asumir los casos de violencia de género, los cuales pasarían a estar centralizados en los de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Tarragona o el Vendrell.
“Tenemos que tener en cuenta que los abogados de Cornellà no estaban nada de acuerdo en que estuvieran concentrados en los de Barcelona, eso genera mucho malestar porque hacen los mapas conforme las estadísticas y no tienen en cuenta qué tipos de delitos se trabajan ni el tipo de víctima”, destaca la presidenta.
Al mismo tiempo, tampoco considera que el uso de las tecnologías resuelva esta problemática.
“Las videoconferencias nos acercarán, pero un abogado quiere estar al lado de la víctima”, sostiene.
Proponen jueces itinerantes
Por todo ello, desde el Consejo de la Abogacía Catalana plantean que los magistrados sean los que hagan los desplazamientos y que se especialicen, como alternativa a la propuesta del Departamento de Justicia.
“Por ahora, los jueces son reticentes, pero no lo son porque no sean vocacionales, sino porque están mal pagados”, afirma Martínez, quien considera que con una mejor remuneración “estarían dispuestos”.
“Con el permiso de Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), si pudiéramos hacer formación a los compañeros y jueces, ya que en la escuela judicial sólo hay dos especializaciones -la social que es la laboral y la contenciosa administrativa-, si se forman en familia porque no tienen otras especializaciones, así podrían ser itinerantes y la víctima no debería desplazarse”, argumenta Martínez.
A la espera del nuevo Gobierno
Ahora, los abogados quedan a la espera de la formación del nuevo Gobierno para reunirse nuevamente con la administración para estudiar otra propuesta.
“No estamos conformes con los resultados, las estadísticas son óptimas, pero no alcanzan el tipo de delitos, de víctimas y no dan solución”, cierra.
