miércoles, 3 de julio de 2024
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La verdad de las ayudas Feder

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De tanto en tanto, y como si los actuales miembros del Grupo de Juntos-Impulsamos en la Diputación de Lleida no hubieran estado nunca en el gobierno de la institución., se intenta hacer correr la brama que han descubierto una mala gestión de los fondos europeos Feder, y que los ayuntamientos no podrán financiar las obras y los proyectos que, en su inmensa mayoría, provienen del mandato 2015-19, gobernado en mayoría absoluta por sus compañeros de partido, e incluso por algunos de ellos mismos.

De entrada, dejaré clara la información que conocen y la decisión que conjuntamente adoptaron cuando todavía estaban en el gobierno de la Diputación el anterior mandato: La Diputación de Lleida garantiza los proyectos impulsados en el mandato 2015-2019, coparticipados por la propia Diputación y que contaban con recursos Feder, gestionados por la Generalitat, para llevar a cabo actuaciones en municipios de Lleida, Alt Pirineu i Aran y que han visto afectados sus plazos de ejecución por la pandemia y la crisis de precios y suministros que obligó a revisar al alza muchos costes.

Estos proyectos se financian en un 25% por el ayuntamiento o consejo comarcal impulsor, otro 25% por la Diputación y el 50% restante con los fondos Feder. Al decaer esta última parte, la Diputación asume con fondos propios el 75% de los proyectos, garantizando que la inversión comprometida por los consistorios no sea superior al 25% final que ya participaban al inicio de la propuesta. La Diputación permitirá así finalizar todos los proyectos puestos en marcha, a diferencia de otras experiencias de financiación europea, como algunos Next Generation gestionados por el Estado, que al negarse las ayudas los ayuntamientos no podrán ejecutarlas.

¿Por qué los ayuntamientos y la Diputación no han podido cumplir con los plazos de ejecución? Porque los mismos que ahora critican pedían entonces las ayudas europeas a ciegas, sin prever su gestión para ejecutarlos.

Estos son los datos que esconden: Entre los años 2016 y 2017, la Diputación promueve dos proyectos (Forest4Local y Poniente Activo) que debían ejecutarse en el año 2020. Entre julio de 2018 y junio de 2019, la Diputación concurre a una segunda convocatoria de fondos Feder con tres nuevos proyectos (Paisajes de Poniente, Camino de Santiago y Caminos tradicionales de los Pirineos) con fecha de finalización 2021. En total, se habían asumido proyectos con una inversión de 17,3 millones de euros a materializar a través de cerca de 200 intervenciones a ejecutar en el periodo 2016-2021 con ayudas Feder previstas de 7,2 millones, una inversión de la Diputación de 5,8 millones y el resto, 4,3 millones, a cargo de las corporaciones locales.

¿Qué nos encontramos en julio de 2019 con la asunción de la gestión del Patronato de Promoción Económica por parte de ERC? Que para su ejecución, prácticamente partíamos de cero: No se había previsto una bolsa general para contratación de personal técnico; las memorias valoradas presentaban grandes carencias que dificultaron la redacción de los proyectos técnicos que no se habían iniciado y algunos de ellos presentaban diferencias económicas significativas respecto de las memorias valoradas; y en algunos ayuntamientos, los equipos de gobierno resultantes de las elecciones de 2019 decidieron renunciar a las intervenciones en sus municipios por diferentes motivos.

Y cuando ponemos orden en este descalabro y estábamos a punto de arrancar proyectos, en abril de 2020 la irrupción de la COVID-19 paralizó todas las actuaciones. Si bien se alargó el plazo de ejecución en un año, este nuevo periodo no contempló consecuencias posteriores de la pandemia, como la escasez de materiales y las subidas de precios, que también afectó de manera muy significativa tanto a las obras en curso como a las que estaban en proceso de contratación.

En paralelo, en junio de 2022 la Generalitat reorienta parte de los fondos Feder para reforzar la capacidad de efectuar pruebas de COVID-19 y cierra toda opción a unos proyectos cuya tramitación administrativa implican unos plazos de entre 1,5 y 2 años entre justificaciones y pago de las ayudas.

Ante esta situación, y considerando importantes para los municipios implicados la realización de estas actuaciones, desde el pasado julio de 2023 estamos planteando a los consistorios implicados con obras no iniciadas si, a pesar de no disponer ya de fondos Feder, quieren continuar con los trabajos proyectados, que serían financiados en un 75% por la Diputación y el 25% restante por los ayuntamientos, a los que nunca dejaremos tirados. Las alcaldías, incluso las del color político de la actual oposición a la Diputación, así nos lo reconocen.

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