El pasado 12 de mayo la ciudadanía se pronunció sobre la composición del Parlamento de Cataluña y es obligación de los partidos políticos, como depositarios de la confianza de los electores, intentar gestionar de la manera más digna posible el resultado de las urnas. La pluralidad resultante de la cámara legislativa es la mejor garantía de que la Cataluña entera está representada en la medida en la que la ciudadanía lo ha querido; eso no se discute.
A nadie se le escapa que nuestro sistema parlamentario, últimamente, no genera ejecutivos lo suficientemente sólidos desde la óptica de implementar un único programa electoral. Ninguna de las propuestas que se presentaban ha obtenido una mayoría absoluta en el Parlamento, y eso obliga a articular mayorías empáticas y plurales, o a volver a las urnas. Este hecho supera estas mismas elecciones y se ha convertido en habitual en nuestra democracia parlamentaria. Cada vez hay menos mayorías y más necesidad de llegar a acuerdos.
Sin embargo, quiero resaltar que esta capacidad de empatía tiene un límite: no podemos asumir como propias, para conseguir la gobernabilidad, las tesis xenófobas u homófobas que niegan la prosperidad a las personas que quieren lo mejor para el país independientemente de su origen, género, opción sexual, color de piel o religión. La historia de Cataluña la hemos hecho, y la tenemos que poder seguir haciendo, desde la multiplicidad de colores y aportaciones culturales. Valga como ejemplo que la semana pasada conmemorábamos el Día Internacional contra la LGTBIfobia, con 302 agresiones registradas contra personas por su identidad sexual en un año. Es una barbaridad que estamos obligados a seguir combatiendo.
Desde el gobierno de la Diputación de Lleida queremos dar un mensaje claro para afianzar nuestra voluntad de continuar implementando aquellos programas de acción de la Generalitat que benefician a nuestra ciudadanía, y mantener la colaboración entre instituciones que nos ha ayudado a sumar esfuerzos en favor de las personas que quieren arraigar sus proyectos de vida en los municipios de las comarcas de Lleida, Alt Pirineu i Aran.
En este sentido, nos gustaría que un proyecto de ley tan fundamental para nuestro futuro, como el del Estatuto de los Municipios Rurales, sea asumido por los nuevos Parlamento y Gobierno de la Generalitat. Tras el trabajo realizado conjuntamente con el mundo local, es deseable que pronto podamos constatar la bondad de una legislación pensada en clave de discriminación positiva hacia nuestros municipios, la mitad de los cuales están por debajo de los 500 habitantes.
Es clave no perder de vista que el alto grado de colaboración con el Gobierno del país da réditos: hemos trabajado conjuntamente por la implementación de la transformación económica, creando el principal lobby de defensa del territorio, el G-10, que tiene una visión compartida de esta Tierra de Oportunidades; hemos establecido líneas de financiación conjunta de infraestructuras como el Eje de Les Garrigues y los Caminos locales del Pallars Sobirà, que queremos extender al resto de comarcas; hemos incrementado el apoyo a la promoción de la cultura y la lengua en los municipios; y, entre otras cuestiones, mantenemos inversiones sostenidas en el tiempo en equipamientos sanitarios básicos para la ciudadanía en la Plana y el Pirineo.
Finalmente, ante las incertidumbres que rezuma el resultado de las elecciones, quiero dar un mensaje de confianza y seguridad al mundo local que, por nuestra parte, seguiremos velando por la mejora y la dignificación de las condiciones de vida en el entorno rural, y que queremos seguir haciéndolo acompañados del Gobierno de nuestra nación.
