La Diputación de Lleida ha puesto en marcha un plan de choque con el objetivo de agilizar la liquidación de los expedientes que se han visto retrasados por razones burocráticas y ralentizan la tramitación de los posteriores. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Joan Estaràs, que acompañado del vicepresidente Agustí Jiménez, se ha reunido con el Consejo de Alcaldías de la comarca de El Solsonès, presidido por el alcalde de Pinell, Benjamín Puig, con el fin de hacer un repaso municipio a municipio del estado de tramitación de las ayudas concedidas y las que están en fase de concesión.
El presidente ha explicado que con los recientes cambios efectuados en la Intervención General de la Diputación y un primer análisis llevado a cabo en los diferentes departamentos, se ha podido determinar que, especialmente, la fiscalización de las justificaciones del Plan de Inversiones Locales del año 2018, y que permitía justificar acciones de los ayuntamientos hasta el año 2022, generó un inexplicable tapón burocrático que, con el tiempo, ha generado una ralentización en procedimientos posteriores.
Estaràs ha recordado que a partir del año 2020 la Diputación reformuló su relación con el mundo local de la demarcación, con la distribución de los fondos públicos a la totalidad de los ayuntamientos con planes fundamentados en la equidad, la transparencia, el respeto a la autonomía municipal y los criterios de discriminación positiva en favor de los municipios en riesgo de despoblamiento y que viven en el entorno de montaña. En este sentido, ha querido poner en valor que el presupuesto del año 2020 destinó 37,5 millones de euros a ayuntamientos y consejos comarcales, y este 2025 se prevén 64,5 millones, lo que supone doblar el esfuerzo de la Diputación en favor del mundo local de Lleida, Pirineo y Aran.
El vicepresidente Jiménez ha puesto de manifiesto que la implementación del sistema de transferencias, por primera vez en el año 2024 al Plan de Cooperación Local, ha sido uno de los mecanismos para liberar parte de la carga administrativa que conllevan estos expedientes, ya que los consistorios reciben el dinero durante el primer cuatrimestre del año. Igualmente, la incorporación de seis nuevos técnicos al área permiten desbloquear discrepancias burocráticas que impedían la liquidación de los fondos concedidos años antes. El sistema de anticipos sobre las ayudas concedidas, que en la actualidad ya son del 100%, también ha permitido inyectar mayor liquidez a los consistorios.
Estaràs ha anunciado que a partir del año 2026 el sistema de transferencias también se aplicará al Plan de Salud, el otro gran expediente de distribución de fondos entre ayuntamientos y consejos comarcales, pero que en este caso está directamente vinculado a inversiones y mantenimientos en materia de salud pública o hábitos saludables. Los dos planes suman, en el presupuesto de este año, un total de 26 millones de euros.
Estaràs y Jiménez han coincidido en recordar a las alcaldías que la concesión de una ayuda está siempre sujeta a determinadas condiciones que debe cumplir la entidad beneficiaria para recibir el dinero dentro de los plazos marcados por las debidas justificaciones de los gastos subvencionables. Cambios de obras, retrasos en las adjudicaciones correspondientes por parte de los ayuntamientos, gran parte de ellos con recursos humanos limitados, y discrepancias de los equipos técnicos de ayuntamientos y Diputación hacen que algunos expedientes vuelvan a la casilla de salida de la fascinantes tramitación.
En el caso concreto de la comarca de El Solsonès, la Diputación de Lleida y sus organismos autónomos han concedido 14,8 millones de euros a los ayuntamientos y el consejo comarcal desde el año 2019 en diferentes planes económicos. Actualmente están en proceso de justificación y liquidación un total de 8,4 millones, de los que 3,3 millones corresponden a los ejercicios anteriores al año 2023, de los que una tercera parte no están plenamente justificados por los ayuntamientos. Otros 5,1 millones de euros están en periodo de tramitación dentro de los plazos legales de justificación y otros 1,3 millones están en periodo de concesión durante el año 2025.
