Los cambios en el registro del parque público permitirán que más de un centenar de personas se puedan beneficiar

El Gobierno ha decidido hacer una serie de cambios en el reglamento de acceso al registro del parque público de vivienda del Gobierno que debe suponer que un centenar de personas que ahora no cumplen los requisitos se puedan meter. Así, se modifica el requisito de los años de residencia de los miembros de la unidad familiar, los ingresos mínimos exigidos y se flexibilizan las condiciones para que las personas mayores de 65 o las viudas puedan acceder a este parque público. Así lo ha anunciado la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, que también ha detallado cuál es el estado de este parque público y también de cuántas personas están actualmente inscritas en este registro. Las inscripciones han sido 543, 105 de las cuales han recibido la calificación de favorable.

De este modo, tal y como ha completado la ministra de Vivienda, de las 543 personas inscritas y más allá de las favorables, otras 302 han sido declaradas desfavorables; 69 están pendientes de valoración y en 67 de los casos son renuncias, han sido archivadas o se ha detectado alguna incidencia. De entre las 105 favorables, 45 son jóvenes, lo que ha atribuido a la flexibilización que ya se hizo del reglamento para poder llegar también a este colectivo. Otras cinco personas son mayores de 65 años, 35 familias monoparentales y 20 son otras casuísticas. Entre las personas que han visto denegada la petición, 60 son por motivos de residencia; 73 por no dedicar más del 30% de los ingresos al alquiler; 116 personas por no disponer de unos ingresos mínimos, 39 de ellas mayores de 65 años; 45 personas que superan los ingresos máximos y cinco que están por encima del patrimonio máximo que se puede tener. Otras tres personas no han acreditado la necesidad de tener una de estas viviendas.

Viendo estos datos, por tanto, el ejecutivo ha decidido modificar el reglamento fijando que no sea necesario que todas las personas de la unidad familiar tengan más de cinco años de residencia en el país y que será suficiente con que lo cumpla la solicitante, lo que puede beneficiar a 60 personas. Otros 39, como se ha comentado, son personas mayores que no tienen unos ingresos mínimos, por lo que a partir de ahora sólo habrá que acreditar haber cotizado 180 mensualidades y percibir una pensión de jubilación o viudedad de la CASS. Y también se ha optado, por hacer cambios en los ingresos mínimos establecidos para poder acceder al parque público. El salario mínimo ahora el tope se fija en 1.447,33 euros. Esto puede beneficiar a casi un centenar más de personas.

Marsol ha recordado que cuando se impulsó el primer reglamento se hizo con “unas medidas muy estrictas para dar soluciones a las personas que tenían más problemas” de riesgo de exclusión residencial y que ya se anunció que se iría flexibilizando a medida que se fueran teniendo más datos.

El parque va más avanzado de lo previsto

En cuanto al parque público, la titular de Vivienda ha realizado este miércoles el punto del estado de los diferentes edificios. Este año 2025 ya estarán disponibles 197 pisos públicos de alquiler asequible. De hecho, el Instituto Nacional de la Vivienda ya ha asignado los 27 pisos del edificio Tobira de Andorra la Vella, cuyos ocupantes podrán acceder en abril, cuando se firmen los contratos. En este sentido, ha recordado que la semana pasada se fue al notario con el fin de hacer los desempates y de asignar las diferentes unidades a cada familia. También en las próximas semanas se asignarán los 23 pisos de Canillo, que se sumarán a los apartamentos de Sant Julià de Lòria donde ya viven cuatro familias. En el caso de Canillo, Marsol ha manifestado que a estas alturas la oferta no está cerrada, ya que finalizado el 15 de abril, y que dos personas que cumplían ya han pedido poder acceder a una de estas viviendas.

El siguiente edificio que se someterá al proceso de adjudicación es el de la calle Roureda de Sansa d’Andorra la Vella, con catorce pisos. De hecho, este miércoles el Gobierno ha aprobado su cesión por la gestión al Instituto Nacional de la Vivienda. El mes próximo también está previsto que finalicen las obras del antiguo hotel Hermus d’Encamp (20 viviendas), y en septiembre los edificios Ribasol d’Arinsal (70 pisos). También en otoño se prevé la finalización del antiguo hotel Font de Ferro de Sant Julià de Lòria (catorce unidades), y en diciembre, un edificio en la carretera del Coll d’Ordino (25 viviendas). La ministra de Vivienda se ha mostrado satisfecha, ya que se está “avanzando más de lo previsto” y algunos de estos edificios se tendrán listos “mucho antes de lo previsto”, ya que ha reivindicado que para el ejecutivo tener este parque es “una prioridad”.

Durante 2026 el parque público de vivienda prevé la incorporación de 141 pisos más: tres en la calle Doctor Palau de Sant Julià de Lòria (primer trimestre), 44 en el edificio de la Borda nova d’Andorra la Vella (también en el primer trimestre del año), 23 en el segundo edificio de la carretera del collado de Ordino (segundo trimestre), 38 en la avenida del Pesebre de Escaldes-Engordany (en el mes de diciembre), y 33 en el edificio el Cedro de Santa Coloma (previstos para finales de año o comienzos de 2027). Y en el año 2027, se sumarán 129 viviendas de alquiler asequible más: 45 en el edificio Borda nueva II de Andorra la Vella, 30 en las Costas de Giberga de la Massana, y 54 en el edificio Fundación Privada Laurus de Sant Julià de Lòria. En cuanto al de la Massana, Marsol ha reiterado, como ya lo hizo durante la celebración de la jornada de la EFA este viernes pasado, que la intención es impulsarlo a través de una colaboración público-privada y ha concluido que al final del mandato, con todas estas viviendas habrá 467 unidades en el mercado de alquiler público.