Andorra ganará seguridad jurídica si finalmente acaba formando parte de Europa mediante el acuerdo de asociación. De hecho, la adhesión a Europa implicará que el Principado esté sometido a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no tiene en consideración la dimensión de los países en el momento de dictar sus sentencias.
En este sentido, según explica el catedrático en derecho europeo y decano de la Universidad de Barcelona (UB), Andreu Olesti, “esto supone que si algún estado miembro interpreta o aplica de forma diferente el acuerdo a como lo entiende Andorra, quien decidirá no es el país más grande, sino que lo hará. el Tribunal de Justicia de la UE”. Este hecho, por tanto, lleva al experto a afirmar que el Principado “gana un plus de seguridad jurídica con el acuerdo de asociación”.
Del mismo modo, Olesti se muestra convencido de que la mejor situación para el país es que entre a formar parte de Europa y no continuar tal y como se encuentra ahora, cuando menos “porque el acuerdo, quieras o no, te cubre toda una serie de ámbitos como participar del mercado interior“.
Asimismo, asegura que si finalmente gana el ‘no’ en el referéndum vinculante anunciado por el Gobierno, “lo que seguiría vigente son los acuerdos que existen ahora” y, por tanto, no habría una situación diferente a la actual. Lo que está claro, añade, es que el acuerdo de asociación lo que implica es “una profundización de las relaciones” con Europa, sobre todo en lo que se refiere a esta participación del mercado interior con respecto a las mercancías, las personas o los servicios.
Por otro lado, el experto no cierra la puerta a que Andorra tenga que modificar la Constitución con el fin de adaptar toda la normativa del acuerdo. “Lo que es cierto es que la Constitución de Andorra y el acuerdo de asociación deben ser compatibles. El acuerdo no puede ser inconstitucional desde el punto de vista de Andorra, ya que si lo fuera, la Constitución andorrana debería ser modificada”, explica. Del mismo modo, apunta que el texto negociado con la UE también puede incorporar algunas disposiciones “que pueden ir en contra de la regulación andorrana” y, en este supuesto, también habría que hacer cambios.
En cuanto a la fiscalidad, Olesti expone que “es posible” que el país se vea obligado a introducir ciertos cambios de la misma manera que sucederá con los impuestos sobre el tabaco, los cuales “tienen un periodo transitorio de irse reduciendo hasta llegar a cero”. “En el ámbito fiscal es probable que exista alguna disposición que obligue a Andorra a algún tipo de actuación”, indica, aunque se trata de una cuestión que el experto no asegura al cien por cien.
Finalmente, y en cuanto al poder que puede tener Andorra en la toma de decisiones a nivel europeo, el catedrático pone de relieve que el Principado formará parte de lo que se denomina consejo de asociación junto con San Marino y representantes de la Comisión Europea. Este consejo de asociación, añade, “deberá ser tenido en cuenta” cuando se tenga que adoptar normativa por parte de Europa.
