Andorra se ha adherido al Convenio de La Haya sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial. El convenio ofrece seguridad jurídica y previsibilidad respecto a si, y en qué medida, una sentencia dictada por un tribunal de un Estado contratante será reconocida y ejecutada en otro estado contratante. Así, con esta adhesión también se reducen los riesgos, los gastos judiciales y los plazos que normalmente se asocian al reconocimiento y la ejecución de las sentencias en el extranjero, a la vez que mejora el acceso efectivo a la justicia y facilita el comercio multilateral, la inversión y la movilidad facilitando la circulación de las sentencias extranjeras entre los estados contratantes.
El embajador de Andorra en los Países Bajos, Vicenç Mateu, ha depositado este martes el instrumento de adhesión en un acto en el ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, el paso definitivo para que Andorra se convierta en parte en el convenio y, por tanto, el texto entre en vigor el 1 de junio de 2026. La ceremonia institucional, ha contado con la participación de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), así como de representantes de la División de Tratados y del departamento de Europa del ministerio neerlandés.
Durante su intervención, el embajador Mateu ha destacado que la adhesión de Andorra a este Convenio supone “un paso natural que refleja el compromiso de nuestro país con la cooperación judicial internacional, la seguridad jurídica y la confianza mutua entre estados“. También ha subrayado la importancia de este instrumento jurídico internacional como herramienta para “garantizar una base clara y previsible para el reconocimiento y la ejecución de sentencias civiles y comerciales entre estados”, y para “favorecer el acceso a la justicia, reducir la incertidumbre jurídica y promover el comercio y la inversión internacional”.
La adhesión a este convenio es una consecuencia lógica de la participación del Principado en la Conferencia de La Haya y de la voluntad de beneficiarse de las herramientas y los trabajos que se desarrollan. Además, permite dotarse de un instrumento jurídico de derecho internacional privado de cooperación judicial internacional en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.
El texto fue aprobado por el Gobierno el 26 de junio pasado y, el 7 de noviembre, por el Consejo General.
