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Antes de que termine el año un total de 68 pisos formarán parte del parque de vivienda pública. De esta manera, a los cuatro que ya están en oferta en Sant Julià de Lòria y a los 27 que se ofrecerán del edificio Tobira 11 antes de finales de año habrá que sumar los 27 de Sant Joan de Caselles de los que el Gobierno ya ha recibido la cédula de habitabilidad y los catorce que estarán finalizados en la calle Robleda de Sansa.
Así lo ha explicado la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, en una rueda de prensa que ha servido para hacer el punto sobre el estado del parque público.
De esta manera, Marsol ha detallado que los cuatro pisos de Sant Julià de Lòria están en oferta hasta el 19 de diciembre y que han sido seis las familias que se han presentado. Se trata de viviendas de tres habitaciones, por lo que la oferta se circunscribe a esta tipología de inquilinos que tendrán que pagar 718 euros por pisos de 81 metros cuadrados. Las primeras familias se espera que puedan entrar a vivir pasado Reyes.
En cuanto al edificio de Tobira 11 se trata de 27 apartamentos, trece de ellos de dos habitaciones, trece de una y uno de tres que tienen un precio de 10,42 euros el metro cuadrado, con lo que el más barato costará 495 euros y el más caro 916 euros. En este caso, el Gobierno ya ha firmado el convenio con el Instituto Nacional de la Vivienda (INH) para su gestión y se espera que la semana que viene se publique el concurso en el BOPA, momento a partir del cual los interesados podrán mostrar su interés.
De hecho, está previsto que el llamamiento esté abierto hasta finales de las fiestas de Navidad, con lo que las primeras personas adjudicatarias podrían entrar a vivir a finales de enero. En este caso se trata de tipologías de inquilinos diversos, ya que se podrán meter desde jóvenes a familias monoparentales y familias.
Marsol también ha avanzado que los plazos en el caso del edificio de Sant Joan de Caselles se han acelerado y que este miércoles ya han recibido la cédula de habitabilidad. Ahora la previsión es que la semana próxima el convenio para que lo gestione el INH pase por Consejo de Ministros y que en quince días o tres semanas se pueda publicar la oferta. Se trata de 23 viviendas, diecisiete de ellas de una habitación doble y seis de dos habitaciones, con lo que los inquilinos podrán ser también de diversas tipologías. En este caso el precio está fijado en 7,80 euros el metro cuadrado, con lo que oscilarán entre los 301 y los 768 euros al mes por piso.
Y antes de que acabe el año el ejecutivo espera que le sea entregada la obra de Robleda de Sansa, en la que se han habilitado catorce pisos de diferentes dimensiones.
Por tanto, tal y como ha manifestado la ministra, a finales de año habrá 68 pisos en el parque público que “darán respuesta a las personas inscritas en el registro” que hoy por hoy son setenta. En este sentido, la titular de Vivienda ha incidido en los esfuerzos que está llevando a cabo el ejecutivo para poder dotar a este parque de viviendas con las que dar respuesta a las personas “con necesidades de vivienda” y ha complementado los datos detallando que en el caso del edificio de Robleda de Sansa esperan tener la cédula en el mes de enero y que pronto también se podrá contar con los diecisiete pisos de la Fuente de Hierro. Ya de cara al verano se sumarían los 70 pisos de Arinsal y los de René Baluard, es decir, 90 viviendas más. Y ha añadido que el 23 de diciembre pasará por consejo de ministro el concurso para habilitar los edificios del Coll d’Ordino que deberían estar terminados en 2026. “No paramos para poner pisos en el mercado y cubrir las necesidades que van surgiendo”, ha manifestado Marsol, que ha recordado las obras de Borda Nova 2 que se quieren impulsar y las de la avenida del Pesebre de Escaldes y del Cedre, aparte de los pisos para personas mayores que se impulsarán en Sant Julià de Lòria y en los que el Gobierno participará. En este sentido, y después de que este miércoles se haya acordado que el ejecutivo integre la fundación que se creará para su gestión, la responsable de Vivienda ha manifestado que antes del verano podrían comenzar las obras y que tienen “vocación” de dar respuesta a personas mayores, con lo que se van “diversificando los pisos” que se van haciendo.
Cambios en el reglamento
Marsol ha subrayado que el registro les ha permitido poder contar con datos sobre vivienda que hasta ahora no se tenían y cuestionada sobre los posibles cambios que puede haber en el reglamento, como los que ya se han hecho y afectan por ejemplo a los jóvenes, ha detallado que han detectado que hay personas que no llegan al mínimo de salario establecido y que, por lo tanto, se quiere “facilitar más el acceso” a personas que no tienen este “ingreso mínimo”. Ha concertado que este cambio estaría especialmente pensado para las personas jubiladas. “Hay personas con jubilaciones no demasiado importantes y muchas mujeres viudas con pensiones muy justas” y la voluntad es “trabajar para que tengan más posibilidades de poder acceder a estos pisos” del parque público, ha afirmado. También han detectado que hay muchas personas que no destinan el 30% de los ingresos al alquiler, por lo que ven desestimada su petición. Y también hay casos de personas que no cumplen los cinco años de residencia. En este caso concreto, la titular de Vivienda ha añadido que se ha priorizado a las familias con más arraigo en el país, pero que “progresivamente” se puede ir valorando cambios en este baremo.
Y en cuanto al hecho de si en 2027, una vez acaben las prórrogas del alquiler, puede haber un problema, ha manifestado que el ejecutivo se ha querido “anticipar” y que por ello se están haciendo esfuerzos por hacer entre 450 y 500 viviendas públicas y se ha impulsado la ley ómnibus para hacer “aflorar” pisos vacíos. “Con todo lo que iremos haciendo, en 2027 no creo que haya un efecto como el que habría pasado” hace dos o tres años, cuando no se habían tomado las medidas actuales, ha sentenciado.
