La larga tramitación para ejecutar la mejora de la carretera T-2021 entre La Ràpita y Poblenou del Delta, la ‘carretera de la vergüenza’, continúa encallada en los despachos y se encuentra, en estos momentos, sobre mesa del gobierno español y de la Generalitat.
El Servicio Provincial de Costas de Tarragona ha confirmado a la ACN que ya ha emitido un informe favorable por la afectación del trazado sobre el dominio público marítimo terrestre y que corresponde ahora al Consejo de Ministros aprobar la declaración de utilidad pública.
Con este trámite, la Generalitat deberá otorgar la concesión a la Diputación de Tarragona para que pueda actuar en el dominio público. La presidenta del ente provincial, Noemí Llauradó, reiteró hace unos días que la obra comenzará este año.
En una comparecencia con representantes de medios de comunicación estadounidenses el pasado jueves, Llauradó reveló públicamente que la ejecución del largamente reivindicado proyecto se encontraba pendiente de un informe de Costas que, supuestamente, se había empezado a trabajar “desde octubre o noviembre” y que esperaban recibir próximamente.
Por el contrario, fuentes de Costas han explicado a la ACN que no tuvieron constancia del proyecto, que en muchos tramos transcurre afectando al dominio público marítimo terrestre de la zona de la bahía de Els Guingueta, hasta que la Generalitat les reclamó el preceptivo informe, el 4 de febrero pasado.
Tras analizar la documentación, el servicio que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, que disponía de un plazo de dos meses, ya se ha pronunciado favorablemente desde hace unos días. El visto bueno final, sin embargo, según determina la Ley de Costas, está condicionado a la declaración de utilidad pública por parte de Consejo de Ministros.
Una vez reconocida la utilidad pública, la pelota volverá al tejado de la Generalitat, que tiene transferidas las competencias para otorgar la concesión que debe permitir a la Diputación actuar, finalmente, al dominio público marítimo-terrestre.
En un comunicado, la plataforma #lacarreteradelavergonya considera que “los trámites administrativos que quedan no son complejos y deberían salir adelante con agilidad, ya que la reforma de la carretera no es sólo de utilidad pública sino que es urgente para la salud pública”.
“Parece que la presidenta —de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó— no sabía que el informe de Costas había sido emitido la semana anterior”, han ironizado los vecinos afectados, reclamándole que solicite la declaración de utilidad pública al Consejo de Ministros lo antes posible para poder aprobar definitivamente el proyecto y licitar las obras para cumplir el compromiso público de iniciar su ejecución dentro de este 2025.
