viernes, 21 de marzo de 2025
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La diputada estadounidense Lídia Ferré defiende garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

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Lídia Ferré, diputada del PSC per les Terres de l'Ebre

El gobierno de la Generalitat está impulsando una reforma profunda del Código Civil Catalán para garantizar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, poniendo a la persona en el centro, garantizando que pueda decidir sobre su vida con el apoyo adecuado, evitando la sustitución de su voluntad y asegurando una revisión constante de las medidas para evitar abusos.

“Con esta ley se quiere reconocer y regular los derechos fundamentales de todas aquellas personas que se encuentran afectadas por algún tipo de discapacidad que les impiden participar en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas, debido a actitudes discriminatorias y barreras físicas”, ha argumentado Lidia Ferré, diputada del PSC en el parlamento de Cataluña.

Esta ley significa un cambio de paradigma. Es una transformación que pone fin a un modelo paternalista, basado en la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad, y abre la puerta a un sistema basado en el apoyo, el respeto y la igualdad de oportunidades.

El ordenamiento jurídico preveía figuras como la tutela y la curatela, que, en muchos casos, suponían la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad. Ello implicaba que, por razón de su condición, una persona podía ser privada del derecho de decidir sobre cuestiones tan esenciales como su economía, su lugar de residencia o su vida familiar.

A partir de ahora lo que se pretende es el reconocimiento de que toda persona, independientemente de sus capacidades, tiene derecho a decidir por sí misma, y para hacerlo posible se introduce la figura de la asistencia.

“La asistencia no es un mecanismo de control sino un instrumento para ayudar a la persona con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica de manera autónoma. Significa que, cuando lo necesite, podrá contar con una persona o una entidad que le proporcione la ayuda necesaria para entender las consecuencias de una decisión, gestionar trámites o defender sus intereses. Pero la decisión final siempre será suya. Es un cambio fundamental porque deja atrás la idea de que la discapacidad justifica la pérdida de derechos y pone en el centro la dignidad y la igualdad”, acaba diciendo Lidia Ferré.

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