La fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive la causa contra el diputado de Sumar en el Congreso y exconcejal de Barcelona Eloi Badia por el presunto exceso de contaminación de la incineradora de residuos de Tersa en Sant Adrià de Besòs. Según el informe de la fiscalía adelantado por ‘El Periódico’ y confirmado por la ACN, los hechos podrían ser un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, pero no resulta “bastante acreditado” que el parlamentario “hubiera tenido alguna participación relevante por acción u omisión”, ni que “fuera conocedor de las irregularidades técnicas”. El ministerio público insta a devolver la causa al juzgado de Badalona para seguir la investigación contra el otro encausado. El tribunal tendrá que decidir.
Badia fue presidente de Tersa al ser concejal en el gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Sin embargo, la fiscalía argumenta que no se puede decir lo mismo sobre el jefe de explotación de la planta incineradora, F.R., por lo que la causa debería seguirse tramitando en un juzgado de Badalona. Entre otras cuestiones, apunta que una irregularidad “muy relevante” constada es que el registro de temperaturas en los hornos de incineración eran superiores a los 2.400 grados e incluso llegaron “hasta los 10.000 grados” a partir del mes de octubre de 2019, un dato que “no se puede justificar físicamente”. De este modo, pone de manifiesto que en esta instalación “no se aseguraba la incineración adecuada de los residuos conforme” a la normativa ambiental, “causando así un riesgo grave de contaminación del aire con compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente”. La ley exige que los gases de combustión lleguen a los 850 grados centígrados como mínimo para minimizar la propagación de polución nociva para la salud y el medio ambient.
En octubre pasado la Audiencia de Barcelona acordó reabrir el caso, después de que la jueza instructora de Badalona lo archivara. En el auto de la Audiencia se tenía en cuenta el informe pericial y las aclaraciones hechas por los peritos de la Guardia Civil en relación con las “anomalías” detectadas respecto a las temperaturas obtenidas a partir de un algoritmo. Se expone “el grave riesgo” para la salud de las personas que se deriva de incinerar residuos por debajo de 850 grados, según exige la normativa medioambiental.
Así, se considera que hay que valorar los hechos en juicio oral, tanto por este motivo como por “la falta de coherencia del resultado de las temperaturas obtenidas a partir del algoritmo con los datos publicados por la Generalitat respecto de la emisión de dioxinas y furanos“.
