El presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, afirma que el juicio del Parc Central es el “paradigma del mal funcionamiento de la justicia”. “Es un fracaso absoluto, sin paliativos: Nuestro, del sistema y de todos”, asevera en una entrevista a la ACN. Perarnau considera que no debería haberse celebrado “nunca” después de 30 años de los hechos y dice que las partes deberían haber pactado. “Ahora nos obliga a dictar una sentencia kilométrica con el examen de 30.000 documentos para llegar a penas absolutamente ridículas”, sentencia. Prevé que la resolución esté terminada pronto. La causa juzgó al concejal de Urbanismo de Tarragona, Ángel Fernández; Juan Carretero y José Miguel Yubero, trabajadores de Típel y del grupo Eroski, respectivamente.
Según Perarnau, se trata de una sentencia “relativamente compleja” porque el magistrado debe revisar y examinar unos 30.000 documentos. “Creo que la sentencia saldrá muy pronto, ignoro qué tipo será, pero la espero en las próximas semanas”, apunta. El caso se terminó de instruir en 2016 y el juicio no se celebró hasta septiembre del año pasado. “Esto es un mal funcionamiento del sistema judicial. Soy totalmente contrario a las instrucciones largas y a dilatar tanto los procedimientos”, sostiene. Sin embargo, reconoce que el mal funcionamiento no es “siempre imputable al 100% a ellos”, ya que las periciales tardan años en hacerse.
Los hechos
El juicio del caso del Parc Central arrancó con la mitad de los investigados sentados en el banco de los acusados. Concretamente, con Ángel Fernández, quien fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Tarragona (CIU); Juan Carretero, empleado de la empresa Típel -una de las filiales de las empresas de la familia Prenafeta-; José Miguel Yubero, trabajador del grupo Eroski -que participó en la negociación de la compra de los terrenos, así como el abogado de Enric Llovet y el exalcalde de Reus y empresario, Miquel Colàs. Llovet y Colàs quedaron excluidos del procedimiento al inicio del juicio.
El tribunal aceptó retirar la acusación de blanqueo de capital de Llovet y también lo hizo por motivos de salud de Colàs, dada su avanzada edad. El resto de acusados eran Isidoro Prenafeta, José María Vidal, Luís Valero y Lluís Carbonell, quienes han fallecido a lo largo de las últimas décadas. Los acusados estaban investigados por un delito continuado de tráfico de influencias y un delito continuado de prevaricación.
Fiscalía comenzó a investigar el caso de la venta de los terrenos y la construcción del Parc Central en 1994; sin embargo, ese mismo año se archivó la investigación. Un año después, en 1995, se reabrió la causa, pero las diligencias no arrancaron nuevamente hasta marzo de 1997. La instrucción se cerró en 2016 y los presuntos hechos no se han juzgado hasta los 30 años.
Fiscalía retira las multas millonarias
El 30 de octubre pasado, el juicio quedó visto para sentencia. En la última jornada, Fiscalía retiró las peticiones de multas millonarias. Inicialmente, el ministerio público pedía 2.406.000 euros para Ángel Fernández por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. En el caso de Juan Carretero y José Miguel Yubero solicitaba 1.800.000 euros en concepto de cooperadores necesarios del concurso medial de los mismos delitos. El fiscal también retiró los cuatro meses de arresto mayor para Fernández y rebajó de ocho a dos años, tres meses y nueve días, la petición de inhabilitación para los tres. Las defensas mantuvieron la petición de absolución.
