Recientemente, se ha puesto de manifiesto una problemática creciente relacionada con la ocupación ilegal de viviendas. Una persona que adquirió un inmueble de manera legal en Tarragona, se encontró, al intentar acceder, que la valla había sido cambiada y no pudo entrar. Lo más sorprendente fue que, en el rellano del edificio, se cruzó con una persona que aseguraba haber comprado la vivienda por 300 euros, y que intentaba instalarse dentro, tal y como ha informado el periodista Joel Medina en el Diari de Tarragona.
Este tipo de prácticas ilegales no son casos aislados, sino que forman parte de una tendencia cada vez más frecuente. Se trata de grupos organizados que se dedican a la ocupación de inmuebles vacíos, principalmente aquellos que son propiedad de bancos o fondos de inversión. Estos grupos, que operan en ciudades como Barcelona, y ahora, en Tarragona, se aprovechan de la desesperación de personas que buscan una vivienda y se les ofrece, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, la posibilidad de “comprar” una vivienda, aunque sea de manera ilícita.
La metodología de estos grupos es bastante precisa. A través de las redes sociales, por ejemplo en TikTok, publican anuncios que ofrecen pisos ocupados, y en algunos casos añaden que la policía ha intervenido en el inmueble, aunque no se ha hecho un desalojo inmediato. Estas personas, al identificarse ante las autoridades, consiguen una permanencia temporal sin ser desalojadas de manera rápida, lo que complica la situación para los propietarios legítimos.
El negocio de estos mafiosos varía según el tipo de inmueble. En general, no buscan viviendas de propietarios particulares o familias, sino inmuebles de nuevas promociones o edificios que pertenecen a entidades bancarias. En estos casos, la resistencia de los bancos ante el empleo es prácticamente nula, y los problemas legales se dan principalmente con los vecinos, que a menudo se ven atrapados entre la normativa que protege a los ocupantes y la falta de intervención inmediata de las autoridades.
Además, se han dado situaciones en las que las víctimas son engañadas por estos grupos, creyendo que están comprando la vivienda de manera legal, solo para descubrir más tarde que han sido estafadas. Las cantidades que se piden para abrir la puerta, cambiar la valla y conectar los suministros de luz y agua varían entre los 300 y los 2.000 euros, dependiendo de las circunstancias, tal y como ha informado el medio mencionado.
El fenómeno también ha comenzado a llamar la atención de grupos sociales y asociaciones de administradores de fincas, que advierten que, aunque muchos de los ocupantes creen que sus acciones son legales, en realidad están involucrados en un delito que les puede llevar a afrontar sanciones judiciales y problemas a largo plazo.
Así, mientras las autoridades y los profesionales del sector inmobiliario intentan frenar este fenómeno, las personas afectadas siguen siendo víctimas de esta nueva modalidad de ocupación ilegal que afecta cada vez a más personas y comunidades.
