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Con los votos de Sumem por Salou-PSC, ERC y Ara Pacte Local, el último plenario de Salou aprobó las alegaciones al proyecto nuevo tren-tranvía de El Camp de Tarragona, que piden revisarlo abriendo un proceso de diálogo con el fin de llegar a una propuesta de consenso que atienda los intereses de la localidad.
El Ayuntamiento de Salou no se opone a la implementación del tranvía, pero piden eliminar las catenarias previstas, las cuales, desde el punto de vista del consistorio salouense, “constituyen una barrera física con un elevado impacto visual paisajístico” además de los efectos adversos significativos sobre el Medio Ambiente.
Salou defiende la implantación de un tranvía moderno e inclusivo, integrado en la trama urbana que no represente una barrera arquitectónica, sobre todo para aquellas personas con dificultades de movilidad.
Las alegaciones, aprobadas sin los votos de PP y VOX, también plantean redactar un plan especial urbanístico del sistema tranviario supramunicipal y que cuente con la “participación de los ayuntamientos afectados”. Las modificaciones “sustanciales” introducidas en el estudio informativo aprobadas por la Generalitat comportan una redefinición del trazado aprobado.
El consistorio salouense, además de solicitar a la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad que se estimen las alegaciones, espera que se abra una “vía de diálogo” para poder consensuar un tranvía compatible con intereses de Salou. También pide al gobierno catalán que se tenga en cuenta y estudie las propuestas aportadas por Salou.
El alcalde Pere Granados entiende que un plan especial urbanístico habría permitido contemplar la integración del sistema tranviario en el medio urbano.
Salou, por su parte, insta a la Generalitat a hacer efectivo el compromiso adquirido para financiar la urbanización del Eje Cívico, con el objetivo de reconvertir en un boulevard urbano el área desocupada por el desmontaje de la antigua vía de tren. Este acuerdo, formalizado mediante un convenio bilateral en 2013, prevé un desembolso por parte de la Generalitat de Cataluña de 9,5 millones de euros.
