El candidato del PP por Tarragona a las elecciones del 12 de mayo, Pere Lluís Huguet, ha propuesto una rebaja fiscal y suprimir la mitad de los impuestos propios de la Generalitat. Huguet ha recordado, durante una visita a Salou, que los catalanes pagamos los impuestos autonómicos más altos de España. El candidato ha indicado que Cataluña es la comunidad con el mayor número de impuestos propios, con un total de 15 tributos, como el canon del agua o el impuesto sobre bebidas azucaradas.
En concreto, el candidato por Tarragona ha hablado de los impuestos catalanes más altos, como el tramo autonómico del IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de actos jurídicos documentados, además de soportar el impuesto de sucesiones. “Cataluña ha pasado de recaudar 33.500 millones en 2012 a 49.400 en 2022, es decir, un 47% más en la última década”, ha puntualizado Huguet.
“El gobierno socialista y separatista en la Generalitat se ha caracterizado por el afán recaudatorio: impuestos de primera, pero servicios de tercera. Mayor descenso en nivel educativo y en sanidad, con listas de espera por intervención quirúrgica más larga del conjunto de España”, ha denunciado el candidato recordando la gran presión fiscal en Cataluña que “ha mermado su competitividad y crecimiento económico ante las regiones con un marco fiscal más atractivo”.
Por estos motivos, Huguet ha propuesto rebajas fiscales, especialmente para colectivos con rentas más bajas.: deflactar los primeros tramos de renta y reducir los tipos impositivos de los primeros niveles de la escala autonómica del IRPF, bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y entre cónyuges, o suprimir la mitad de los impuestos propios actuales y ceder el 100% de la recaudación del impuesto turístico a los municipios donde se han generado, por la gestión y promoción turística.
“Con la inflación, los ingresos tributarios de la Generalitat han crecido claramente, por lo tanto, es el mejor momento para bajar impuestos y así ayudar a las familias y reactivar la economía, sin afectar a la calidad de los servicios públicos”, ha concluido Huguet.
