domingo, 18 de mayo de 2025
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Terrassa ha acogido la primera reunión con la directora de Transición Hídrica del Gobierno de la Generalitat

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La concejala del Ciclo del Agua, Patricia Reche, en calidad de vicepresidenta de la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP); y acompañada de la directora del área de Transición Ecológica del Ayuntamiento, Anna Crispi y del gerente de la empresa pública Taigua, Juan Ramón Vázquez ; se reunió ayer por la tarde, con la nueva directora general de Transición Hídrica del Gobierno de la Generalitat, Concha Zorrilla; con el actual director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Josep Lluís Armenter, y con el gerente de este organismo, Daniel Meroño. En la visita, Reche ha ido acompañada del coordinador de esta entidad, Lluís Basteiro, y de los electos de El Prat de Llobregat y Girona, que ocupan los cargos de presidencia y tesorería respectivamente, en la AMAP.
Durante el encuentro se trataron temas como la propuesta de financiación a los operadores públicos con créditos todos; el acceso directo por parte de las empresas públicas a las subvenciones; la participación en la construcción de la nueva ley de transición hídrica y, también, en el próximo ciclo de planificación hidrológica. En el transcurso de la reunión va a ofrecer la coordinación y colaboración de la AMAP con la nueva Unidad de Apoyo a los Entes Locales de la ACA, en cuanto a tratar temas como las tarifas o los directrices para los operadores, entre otras preguntas.
La AMAP defiende y promueve la gestión pública del agua y su objetivo es apoyar a los municipios que prestan este servicio de forma directa o que tienen la voluntad de hacerlo.
Terrassa fue uno de los miembros fundadores de este organismo, constituido el 31 de enero de 2018, y forma parte de la comisión ejecutiva. Actualmente, la AMAP está integrada por 85 miembros, de los cuales 68 son municipios, 11 son empresas públicas y 6 entidades. En Cataluña, la gestión es el modelo de elegido por la mayoría de los municipios (523) y representa el 55% de las localidades. A pesar de este elevado porcentaje, la gestión privada se concentra en las grandes zonas urbanas.
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