Barcelona vivió en el año 2024 con un panorama de contrastes en relación con la seguridad ciudadana. Según el anuario estadístico del Ministerio del Interior, los delitos contra el patrimonio han experimentado una ligera reducción respecto al año anterior. Concretamente, los robos con fuerza en establecimientos e instalaciones han pasado de 6.758 casos en 2023 a 6.539 en 2024. Los robos en domicilios también han bajado, de 4.861 a 4.332. En cambio, los hurtos han registrado un pequeño incremento, de 79.760 a 79.811, manteniéndose como el delito patrimonial más común.
Can Batlló, un espacio a medio camino entre la regeneración y la fragilidad
Can Batlló ocupa una superficie significativa, con varios edificios y espacios abiertos. El recinto acoge actualmente entidades y proyectos vecinales que forman parte del tejido asociativo de la zona, agrupados en la Plataforma Can Batlló És pel Barri. El Ayuntamiento ha cedido 13.000 metros cuadrados de espacio a esta plataforma, pero los vecinos denuncian que la inversión municipal en rehabilitación es insuficiente y que muchos espacios continúan cerrados, vacíos y expuestos a ocupaciones no deseadas.
Además, el conjunto incluye cuatro grandes bloques edificados (bloques 2, 4, 8 y 11), dos masías históricas (la Masía Pelleria y la Masía Can Bruixa) y varias galerías subterráneas. Sólo las edificaciones suman 26.000 metros cuadrados, una superficie lo suficientemente amplia para convertirse en un polo de atracción para actividades ilegales.
Vigilancia intensiva para evitar la pérdida del patrimonio
Ante este escenario, el consistorio ha decidido actuar. El pasado mes de marzo se firmó un contrato con una unión temporal de empresas, formada por Protección de Patrimonios y Alianzas y Subcontratas, para garantizar la vigilancia del recinto. El objetivo es doble: evitar robos y ocupaciones, y proteger los espacios ya utilizados por entidades del barrio.
El dispositivo prevé una vigilancia constante durante los 365 días del año. Durante el día, se realizan rondas cada cuatro horas con auxiliares de servicios, mientras que por la noche, la frecuencia aumenta a una ronda cada dos horas, con la presencia de dos vigilantes profesionales. Los vigilantes no portan armas, pero tienen acceso a todas las zonas del recinto, incluidos los interiores de los bloques 8 y 11, que actualmente se encuentran vacíos y sin compartimentación interior.
Estas medidas responden al temor del Ayuntamiento de que estos espacios, especialmente las plantas bajas y los primeros pisos, sean fácilmente ocupables. Las inspecciones deben garantizar que no haya intrusos y que los accesos permanezcan cerrados y vigilados.
Inversión pública: una apuesta con límites
La vigilancia de Can Batlló supondrá una inversión de 454.811 euros hasta finales de 2026, con posibilidad de prórroga hasta diciembre de 2027, elevando el coste total a unos 680.000 euros. Este gasto se añade a los 2,5 millones de euros que el Ayuntamiento ha anunciado recientemente para transformar Can Batlló en un espacio referente del cooperativismo europeo.
A pesar de esta apuesta institucional, la realidad muestra que la recuperación de un espacio tan grande y complejo como Can Batlló es lenta y frágil. La coexistencia entre espacios en uso y espacios vacíos, entre rehabilitación y abandono, crea un equilibrio difícil de mantener y fácil de romper.
Un concurso con polémica
El proceso de licitación del servicio de vigilancia no ha estado exento de polémica. Al concurso, convocado por el Ayuntamiento, se presentaron cinco empresas, entre ellas Wakeful, una firma que ha sido vetada en otras adjudicaciones municipales por sus antecedentes. Finalmente, la propuesta ganadora fue la más económica dentro de los límites considerados aceptables, aunque la eficiencia del servicio deberá demostrarse con el tiempo.
Can Batlló como metáfora de la ciudad
El caso de Can Batlló es, en muchos sentidos, una metáfora de la Barcelona actual: una ciudad con una gran capacidad de transformación, pero también con profundas contradicciones. Un espacio con potencial social, histórico y cultural, pero a la vez vulnerable a la especulación.
El reto para los próximos años es garantizar que los recursos públicos se destinen de manera eficiente a la protección y activación de los espacios colectivos. Porque la mejor manera de proteger el patrimonio no es sólo con vigilancia, sino con usos vivos, comunitarios y arraigados en el territorio.
