La Generalitat indemniza, diez años después, a cuatro heridos por los Mossos d’Esquadra

En la segunda noche de protestas de aquella última semana de mayo, los Mossos d’Esquadra cargaron a medianoche contra la gente que todavía estaba en la plaza de Sants. Un grupo numeroso entró en el portal del número 10, pero los antidisturbios también entraron. Allí golpearon directos en los brazos y en las cabezas haciendo que la gente saliera como pudiera. En el portal entró un cámara de televisión y los Mossos, al verla, detuvieron los golpes y dejaron que los chicos salieran corriendo. A algunos les rajaba sangre de la cabeza. Uno necesitó cuatro puntos en la oreja por un golpe de porra directo en la cabeza. Otro, por el mismo motivo, necesitó cinco grapas de sutura en la cabeza.

A la noche siguiente, con la tensión aún más alta, cuatro manifestantes fueron rodeados por furgones policiales en la calle Rosés, de donde bajaron agentes de la Brimo repartiendo golpes de porra. Los cuatro chicos fueron arrinconados contra la pared, que quedó salpicada de sangre. Uno de ellos acabó con la nariz rota y el otro necesitó siete grapas en la cabeza.

Los dos episodios de violencia policial fueron denunciados, pero los agentes quedaron absueltos porque los agentes se cubrieron entre ellos por no identificar en ningún caso a los autores de aquellas actuaciones desproporcionadas. La Generalitat, con los mozos declarados no culpables, heredaba su responsabilidad civil subsidiaria. Es decir, le correspondeba a la Generalitat hacer frente a las indemnizaciones por las heridas causadas por sus funcionarios.

En el caso de los chicos heridos en la calle Rosés, la Generalitat se personó contra los manifestantes, y pedía para ellos 7 y 9 años de prisión, mucho más que lo que solicitaba la fiscalía, que era de entre 1 año y medio y 3 años. El gabinete jurídico de la Generalitat propuso retirar su acusación si los dos chicos heridos retiraban su denuncia contra los mossos, cosa que no hicieron.

En un comunicado, la entidad antirrepresiva Alerta Solidaria critica la lentitud de los trámites administrativos para acabar pagando una indemnización “mínima” que “no satisface, ni mucho menos, el perjuicio sufrido por aquellos golpes de porra, ni los tratamientos médicos ni las secuelas que han quedado, ni el sufrimiento para ellos y sus familias”. También recrimina al Gobierno que no se haya sacado adelante un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales para identificar las malas praxis y sus autores, así como una oficina de atención a las víctimas de la violencia policial.