jueves, 12 de diciembre de 2024
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Detenidas 24 personas en Barcelona y Girona por fraude de 7,5 millones a la Seguridad Social

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La Policía Nacional ha detenido a 24 personas en Barcelona y Girona por un fraude de más de 7,5 millones de euros a la Seguridad Social. La investigación se inició en octubre de 2023, tras recibir varios escritos y denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social donde se requería la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de varias empresas que buscaban eludir sus obligaciones de pago. Los empresarios de las sociedades investigadas no pagaban sus seguros sociales ni el de sus trabajadores. También se han investigado, pero no detenido, a 14 personas por los delitos de grado contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación.

Los agentes determinaron la participación delictiva de 46 personas físicas, principalmente los administradores de las empresas, sus testaferros, trabajadores o familiares. Se les acusa de delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

En todas las líneas de investigación llevadas a cabo se observa un hecho común que consiste en la creación sucesiva de empresas, con la misma actividad dentro del objeto social investigado; dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas que, cuando generan deudas con la Seguridad Social por el impago de cuotas obreras de sus trabajadores, se dan de baja y seguidamente constituyen una nueva sociedad con el mismo objeto social, misma dirección empresarial y propios trabajadores. De esta manera, la compañía podía seguir operando y evitaba posibles futuros embargos por parte de sus acreedores.

En una de las tramas se ha llevado a cabo una investigación sobre seis empresas relacionadas con la restauración y el comercio minorista de productos alimenticios. Todas estas compañías estaban dirigidas y gestionadas por dos empresarios, que usaban otras personas como intermediarios en las sociedades investigadas.

Estas empresas compartían el mismo domicilio de actividad, los propios gestores y el mismo objeto social. Además de superar los importes deudores establecidos como condición objetiva para el tipo penal, también llevaron a cabo maniobras de ocultación para dificultar el cobro de las deudas generadas. Estas incluían la sucesión de actividad empresarial y el uso de testaferros. Uno de los empresarios investigados ha sido imputado por malversación, ya que fue designado como depositario de los bienes embargados y no los devolvió cuando se le requirió.

En otra de las investigaciones la policía ha constatado la creación sucesiva de empresas en el ámbito de la construcción. Las compañías estaban dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas. Cuando acumulaban deudas con la Seguridad Social por el impago de cuotas de sus trabajadores, se daban de baja. Posteriormente, constituían una nueva empresa con el mismo objeto social y la misma dirección empresarial; y continuaba operando con los mismos trabajadores.

Establecimientos de venta de bebidas

La investigación permitió detectar también la existencia de un entramado empresarial de 19 empresas relacionadas con el sector hostelero, en las que se había interpuesto de manera maliciosa la figura de varias personas físicas y jurídicas. Entre ellas estaban la hija, esposa y hermanos del presunto responsable. El objetivo era ocultar la verdadera responsabilidad por una deuda significativa generada con la Seguridad Social.

El modus operandi consistía en no pagar sistemáticamente los seguros sociales de los trabajadores dados de alta. Además, había confusión patrimonial y cruce de facturación entre algunas de las compañías. Los modelos tributarios revelaron notables ingresos en las cuentas de estas sociedades, incluso sin que hubiera trabajadores dados de alta desde 2014. De hecho, una de las sociedades alcanzó su máximo nivel de ingresos el mismo año que no tenía trabajadores dados de alta.

El perjuicio total a la Tesorería General de la Seguridad Social de los diferentes entramados investigados asciende a 7.712.160,74 euros. La policía ha asegurado que esta cifra hubiera sido superior sin su actuación, ya que se detectaron nuevas sociedades que continuaban con el negocio.

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